Repsol baraja aparcar dos años los sondeos en la Costa para encajarlos con otros en Portugal

La demora en los despachos propiciada por el rechazo frontal de ayuntamientos, partidos políticos, empresarios, pescadores y ecologistas de la provincia se le puede convertir ahora en una oportunidad para matar dos e incluso tres pájaros de un tiro, ya que la compañía está trabajando para hacer coincidir los sondeos frente al litoral malagueño con otros dos que está tramitando en El Algarve (sur de Portugal) y un tercero en el Golfo de Vizcaya.

De poder encadenarlos, el ahorro en logística sería más que considerable. No en vano, el alquiler de la plataforma semisumergible, incluido el personal, ronda el medio millón de dólares al día (unos 370.000 euros, al cambio), de forma que solo en la costa malagueña (en un principio durarían 29 días, aunque si se hallara gas podrían ampliarse a 41 para realizar pruebas de producción) la inversión podría superar los 15 millones de euros. Un coste al que habría que sumarle el de las jornadas necesarias para desplazar esta infraestructura desde el lugar donde se encuentre (suele haber una en el entorno del Mediterráneo) hasta el punto exacto donde está prevista la perforación del subsuelo marino, en la zona de Punta de Calaburras (a 9 kilómetros al sur de Mijas y a 12 kilómetros al suroeste de Fuengirola).

Dado que en 2014 ya es imposible acometer las catas (deben realizarse entre febrero y abril para evitar su impacto en el turismo, la veda de la flota pesquera y la reproducción y paso de aves y cetáceos), la única ventana posible sería la primavera de 2015, aunque se antoja difícil. ¿El motivo? Tal y como avanzó este periódico (ver SUR, 27/11/2013), el Ministerio de Industria no tiene la más mínima intención de que la plataforma que perforará el fondo marino visite la Costa en 2015, año de elecciones municipales y generales, por lo que la fecha más próxima sería 2016. Un nuevo retraso que le obligaría a prorrogar por quinta vez el permiso de investigación concedido a Repsol en febrero de 2004, que expira el 20 de agosto del próximo año. En vista de ese bloqueo, ahora es la propia Repsol la que tampoco tiene prisa a la espera de cerrar los proyectos en Portugal.

Despliegue logístico

Esas son las previsiones de la multinacional, aunque también aseguran que en el hipotético caso de que Industria diera el permiso este año no habría problema alguno para poner en marcha la maquinaria con vistas a la primavera de 2015. Eso, siempre que la autorización llegara en los próximos cuatro meses, ya que de hacerlo más tarde tendrían serías dificultades para organizar el dispositivo, fundamentalmente por la escasa disponibilidad de plataformas exploratorias (apenas hay una decena en el mercado y están muy demandadas). Por ello, si en otoño siguen sin noticias, la compañía iniciará los trámites para solicitar una nueva prórroga.

Que el proyecto Siroco no figure en estos momentos entre las prioridades de Repsol (las miras en aguas españolas están puestas principalmente en los recursos petrolíferos de Canarias) no significa que la empresa vaya a desistir en su objetivo de buscar hidrocarburos en el litoral malagueño. Primero, porque en la última década se ha gastado 19 millones de euros en estudios previos (el sondeo rondaría los 41), y segundo porque el análisis geológico del subsuelo apunta a la existencia de un yacimiento situado a unos 1.600 metros de profundidad que podría albergar unos cinco mil millones de metros cúbicos de gas metano, el equivalente al consumo de toda la provincia durante una década. ¿Sería suficiente para rentabilizar su extracción? En principio, sí, ya que esa bolsa sería similar a la del pozo que la multinacional lleva explotando desde 1997 en el Golfo de Cádiz.

En cualquier caso, cabe reseñar que una cosa es contar con autorización para realizar catas en busca de gas y otra bien distinta la explotación del posible yacimiento, que se haría mediante una cabeza submarina que a través de canalizaciones sumergidas trasladarían el gas hasta una planta en tierra firma. Para llegar a este punto, habría que iniciar un nuevo y complejo proceso administrativo, incluida una nueva declaración de impacto ambiental.