Alumnos del 'caso Edu' pasaron a ser profesores en unos meses para justificar las subvenciones

Para los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), esta práctica sólo puede tener una explicación. Al convertir al estudiante en monitor, la empresa beneficiaria cumple con el compromiso de contratación que se establece como requisito para obtener la subvención y, al mismo tiempo, puede justificar el gasto en profesorado con el fin de cobrar la ayuda.

Porque, según la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga, la obligación de contratar al 60% del alumnado se incumpliría en casi todos los expedientes investigados por la policía. Fuentes cercanas al caso describieron algunos de los supuestos detectados, como por ejemplo simular contratos con empresas vinculadas o en sectores que no tienen nada que ver con el curso; altas fingidas a cambio de cobrar justo después el paro; u ofrecer empleos imposibles, de un par de horas y a cientos de kilómetros, para asegurarse que el alumno lo rechazaba. Pero la más sangrante de todas es que, según las fuentes consultadas, se les llegó a hacer que firmaran una renuncia en blanco alegando que había sido un error de la Junta de Andalucía.

Al interrogar a los más de 200 asistentes a los cursos investigados, los agentes de la UDEF confirmaron las irregularidades detectadas y descubrieron otras nuevas. Algunos de ellos declararon que les obligaron a comprar el material que debía ser aportado por el organizador o a pagar las prácticas. También manifestaron haber sido utilizados en tareas privadas de las empresas ajenas por completo al curso al que se apuntaron.

Al parecer, los alumnos habría recibido auténticas presiones por parte de los responsables de las entidades, llegando a amenazarlos con la visita de un inspector de la Junta; con ello pretendía evitar que abandonasen los cursos cuando se daban cuenta de que no iban a recibir la formación que esperaban ni optar al empleo que deseaban.

Impartidos por familiares

Según el sondeo realizado por la UDEF, los cursos los impartían la mayoría de las veces los administradores de las empresas beneficiarias o sus familiares directos, que por lo general no cumplían los requisitos o carecían de los conocimientos necesarios para dar las clases. También ocurría que en los cursos donde debía haber varios profesores, sólo se contrataba a uno, que además se encargaba absolutamente de todo.

Los investigadores han descubierto incluso una posible suplantación de personalidad de un monitor, una argucia que, según se desprende de las pesquisas, tendría como única finalidad aumentar el presupuesto docente. Según las fuentes consultadas, alguna de las empresas habría llegado a simular contratos de alquiler de un local para facturarlo como gasto y, por tanto, obtener una mayor cuantía en la subvención.

La justificación del gasto es, precisamente, el nudo gordiano del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que dio lugar a una investigación de la unidad de policía adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Al analizar el documento, los agentes comprobaron que, en sólo dos años, la Junta concedió 297 millones de euros sin justificar, utilizando la vía de la concurrencia no competitiva, que la legislación considera excepcional.

Para la UDEF, los fondos públicos se otorgaban en una especie de convocatoria abierta a la que podía acudir cualquiera y en cualquier momento. La Fiscalía de Málaga, apoyándose en los informes policiales, considera que en el caso Edu podría haber cinco presuntos delitos: fraude en subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. De hecho, ya ha pedido que se cite como imputados a beneficiarios de las ayudas así como a funcionarios y responsables de la Junta encargados de concederlas.