El fiscal pide citar como imputados a cargos de la Junta y empresarios del ‘caso Edu’

El representante del Ministerio Público considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de cinco presuntos delitos: fraude en las subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Los dos últimos colocan en el punto de mira a funcionarios y cargos públicos del Gobierno autonómico.

En su escrito, el fiscal jefe resume en dos bloques las supuestas irregularidades observadas por la policía. El primero, en las que habrían incurrido los beneficiarios, se centra en la falsedad en la presentación de documentos y la acreditación de la asistencia de alumnos, suplantación de la personalidad de tutores o alteración de los gastos, entre otras.

El segundo bloque es el que se refiere a la concesión y control de las subvenciones. Aunque sin decirlo de forma explícita, éste es el que atañe directamente a la Administración. El fiscal resalta la «falta de capacitación» de ciertas entidades para la formación profesional, el «incumplimiento generalizado» del compromiso de contratación y la «absoluta falta de control» de la ejecución de los cursos.

En el escrito también se detalla el recorrido judicial que ha tenido el caso hasta la fecha. Edu entró por primera vez en la Fiscalía el 6 de mayo de 2013. El primer informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aludía a la resolución del 15 de diciembre de 2010, en la que se concedieron ayudas a 20 personas físicas o jurídicas por un montante de 1.722.558 euros.

«Graves incumplimientos»

Según ese documento policial, «la mayor parte» de los beneficiarios habrían incurrido en «graves incumplimientos» en los requisitos que establece la legislación. Aparte de vulnerar el compromiso de contratación del 60% del alumnado de los cursos y de la «falta de experiencia en formación» de algunas de las entidades, la policía habla de empresas «cazasubvenciones» que buscan fondos públicos en distintas provincias, pese a carecer de infraestructura para ello.

La UDEF emitió un atestado completo del caso el 16 de diciembre que, como ya publicó este periódico, constaba de 1.500 páginas. En ese informe se daba cuenta de que, tras profundizar en la investigación, las supuestas irregularidades se limitaban a 17 de las 20 empresas que aparecían en la resolución bajo sospecha.

Pero el atestado no sólo se circunscribía a Málaga. La policía puso negro sobre blanco que el posible fraude en las subvenciones se extendía también a otras provincias andaluzas (ver SUR, edición del 23 de abril) y resaltó, por encima de todas, el caso de Almería. También se detectó que algunas de las empresas investigadas habían obtenido fondos públicos para impartir cursos en Cádiz o Granada.

Los agentes de la UDEF ampliaron el cerco a otras resoluciones dictadas por la Dirección General de Empleo desde Sevilla en las que se concedieron numerosas ayudas en el año 2011 para «acciones formativas con compromiso de contratación» y «para trabajadores desempleados», ambas dentro del programa presupuestario 32D. Entre los empresarios que consiguieron estas subvenciones, el fiscal destaca el caso de un beneficiario que habría obtenido 14.671.381 euros a través de varias sociedades y entidades vinculadas a él.

El representante del Ministerio Público ha deducido testimonio de la documentación relativa a estas ayudas y la ha remitido a la Fiscalía de Sevilla por estar en esa ciudad el órgano administrativo que las concedió. Lo mismo ha ocurrido con la investigación que afecta a las provincias de Almería, Granada o Cádiz.

El último informe de la UDEF es del mes pasado y tiene como objetivo actualizar las pesquisas, unas semanas después de que los agentes de la unidad desembarcaran en Málaga para interrogar a alumnos y profesores. En él se incluyen las declaraciones prestadas por más de 200 asistentes a los cursos, así como la treintena de tutores que, supuestamente, los impartieron.

Por último, el fiscal indica que también se ha incorporado al caso la investigación de la unidad de policía adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se apoya en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, en el que los investigadores detectaron un «manifiesto desorden» en la concesión de ayudas. El documento advierte de que hay 297 millones en subvenciones sin justificar concedidas a 844 beneficiarios.