De la Torre, decidido a municipalizar Limasa en contra de su propio equipo y de su socio de gobierno

¿Casi? Sí, porque aún queda un fleco importante que resolver. El comité no quiere darle una carta blanca al regidor a cambio de lograr la anhelada municipalización y pide que se deje por escrito que en el caso de que dentro de unos años se decidiera volver a privatizar, los trabajadores recuperarían todas las condiciones laborales fijadas en el único convenio vigente (2010-12). Una hipoteca que no contemplan en el Ayuntamiento. Mientras no se aclare esta cuestión no se convocará la asamblea para que decidan los trabajadores. En caso de municipalización, los 1.747 empleados fijos (1.287 a jornada completa, 446 a tiempo parcial y 14 fijos discontinuos serían asumidos como personal indefinido, pero sin la condición de empleado público.

Tratándose de Limasa nada se puede dar por sentado, entre otras cosas porque no sería la primera vez que la plantilla tumba un preacuerdo del comité, pero esta vez sí que parece allanado el camino para que el servicio de limpieza sea cien por cien público cuando expire la concesión actual, que sería en abril aunque será prorrogada 'sine die' hasta que concluya todo el procedimiento. A la hora de adoptar esta vía, Francisco de la Torre, en minoría en el Salón de Plenos, se garantiza los 15 votos que suman el bloque de izquierdas en la oposición (PSOE, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa), pero dejará solo a su socio de investidura (Ciudadanos), que aboga por la privatización total y que ayer, en boca de su portavoz Juan Cassá, ya le afeaba que se «haya subido al carro de la izquierda» y se preguntaba si esta decisión «ha sido bien meditada y de acuerdo con el PP», refiriéndose a esos recelos internos en las filas populares. ¿Peligra al pacto que le dio la Alcaldía de De la Torre? Según Cassá, no. «Este asunto no forma parte del acuerdo de investidura, que es el que guía todo el mandato. Respecto a Limasa, es cierto que estamos totalmente en contra de esta decisión porque nosotros la queremos privatizada, pero respetamos la aritmética del Pleno y los posicionamientos de cada grupo», remarcó.

En cuanto al grupo popular, nadie va a desautorizar públicamente al alcalde, pero miembros del equipo de gobierno no sólo confirman el «malestar existente» por que el regidor esté abordando por su cuenta y sin consultarles un tema de tanto calado para la ciudad como es el futuro de Limasa, sino que además aseguran que «ningún concejal se ha manifestado a favor de la municipalización». Aunque no se llegará a tal extremo, más de una vez se ha oído en la Casona que Limasa se municipalizará con los votos de los partidos de izquierdas y el particular del alcalde.

Unas discrepancias internas y una falta de consenso que De la Torre también dejaba entrever ayer al afirmar que una vez se zanjen los flecos pendientes con el comité se trasladará la posición a su grupo político. «Si hay respuesta positiva de los trabajadores y una vez tenga el convencimiento de que hay una satisfacción muy global en todos los grupos, incluido el nuestro, se podría iniciar ese camino», precisaba. En este sentido, el regidor también confió en que en los próximos días pueda quedar resuelto el aspecto relativo a la continuidad o no de la gestión pública en función de los resultados. «Mi voluntad es que esa municipalización sea para consolidarse y la base para ello es que el servicio sea satisfactorio y por eso pretendemos que la calidad mejore con la productividad. Pero las condiciones que plantean hacen muy difícil que una vez iniciado este camino pueda plantearse la privatización, así que queda por despejar ese interrogante», apuntó el alcalde.

Polémica

Al margen de lo relativo a la productividad, la propuesta municipal contempla la supresión de las polémicas cláusulas que desde 1989 permiten que un familiar pueda heredar el puesto en caso de jubilación, incapacidad o fallecimiento del trabajador; así como el artículo que garantiza que un empleado de baja perciba un complemento por encima de la Seguridad Social para cobrar el sueldo íntegro o incluso más que estando operativo.

Además, al tratarse de una gestión pública, la jornada laboral pasaría de las 35 a las 37,5 horas semanales para equipararse al resto de trabajadores del 'holding' municipal, las subidas salariales se ceñirían a las que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado, y se modificaría el concepto de antigüedad para adaptarlo al sistema municipal consolidando los niveles actuales (en Limasa los tres primeros bienios se sube un 5% del salario y luego un 10% por quinquenio). En cuanto a los descansos, los trabajadores a tiempo completo seguirían descansando todos los fines de semana, mientras que las vacaciones se disfrutarían una parte en verano y otra durante el resto del año.

Ante la importancia del paso a dar, en el comité de empresa prefieren no precipitarse a la hora de convocar una asamblea en la que se pronuncien los trabajadores, que lo harían con urnas en lugar de a mano alzada para tener las máximas garantías.