El Ayuntamiento pone nuevas trabas para municipalizar Limasa

Si a esto se unen otras cuestiones como un plus de nocturnidad más elevado (no hay laborales que trabajen por la noche, mientras en Limasa hay unos 200 empleados del servicio de recogida) o que el convenio colectivo municipal establece que las vacaciones se disfruten preferentemente en verano mientras el Ayuntamiento pretende que una parte se tomen durante el resto del año para reducir las contrataciones de refuerzo para mantener la limpieza en la temporada estival, la conclusión del equipo de gobierno del PP es que, a diferencia del discurso que mantenía semanas atrás, «el convenio no se puede asumir tal cual».

Estas discrepancias son las que ambas partes tratarán de resolver en una reunión que empezará en torno a las ocho y media de la tarde, una vez finalizado el partido de la Eurocopa entre España e Italia. Al margen de que sea o no la definitiva, ¿se daría por hecha la municipalización en caso de acuerdo? La respuesta no está tan clara, a tenor de los mensajes que el equipo de gobierno va lanzando. De hecho, si el proceso para crear una Limasa cien por cien pública se imagina como una escalera, la cuestión salarial sólo sería el primer peldaño. «No depende únicamente del importante sacrificio que tendría que realizar la plantilla», advierte el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, quien remata asegurando que «ser municipal tiene más complicaciones».

Aunque tal y como acordó el Pleno por unanimidad, la decisión sobre el futuro modelo de gestión se adopte a mediados de julio, aún quedarán cuestiones pendientes. Un segundo escalón se salvaría en función del informe que se va a solicitar a la Dirección General de la Función Pública para determinar cómo se podría llevar a cabo la incorporación a la plantilla municipal de los trabajadores de una empresa mixta como es Limasa. En principio, lo harían como personal laboral indefinido, no fijo, por lo que su puestos serían interinos hasta que los ganaran por concurso, aunque esa decisión se dejará en manos del órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Siguiendo con el símil de las escaleras, también habrá que cuadrar las cuentas para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, unos cálculos en los que técnicos municipales ya están trabajando pero que no se podrán concretar hasta que se cierre el gasto de personal.

Ahorro de 12 millones anuales

En este sentido, se está estudiando si se requiere la autorización previa de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en materia de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales y que podría estar sujeta a la puesta en marcha de un plan económico-financiero. Según la previsión del Ayuntamiento, el presupuesto actual de 89 millones destinado a limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos se vería reducido en unos 12.

Un ahorro anual que además de a mejorar el servicio también se podría destinar a la renovación progresiva de la flota, compuesta por medio millar de vehículos que tienen una edad media de 15 años (desde el inicio de la concesión, entre 2001 y 2002), y también de los contenedores. El mensaje que transmiten desde el equipo de gobierno es que, de ser una empresa pública, el gasto en maquinaria elevaría el endeudamiento municipal, mientras que si fuera privada ese montante se iría sufragando de forma progresiva en el canon anual.