La Junta envía una factura de ocho millones al Ayuntamiento por su parte de obras del metro

La Consejería de Fomento ha remitido al Ayuntamiento una batería de «prenotificaciones» que suman unos ocho millones de euros, y que se refieren a los saldos pendientes de regularizarse por parte del Ayuntamiento, en lo concerniente a sus obligaciones económicas con respecto a la fase de obras de las líneas 1 y 2 del metro, entre los años 2013 y 2014. Sumados a los 32 millones de las primeras facturas, que se emitieron en la anterior legislatura, la deuda municipal ya superaría los 40 millones.

Se trata sólo de deudas correspondientes a la última fase de construcción, puesto que finalmente la Junta ha decidido no cargar de momento nada en concepto de subvención a la explotación por el año y medio de funcionamiento del suburbano, lo que habría supuesto cargar otros cuatro millones más y que, de momento, se aplazan.

De momento, se trata sólo de comunicaciones administrativas y a modo informativo, para regularizar los saldos pendientes, y no facturas al cobro, propiamente dichas, según señalaron fuentes autonómicas. De hecho, el objetivo es que tales cuantías se analicen en las próximas subcomisiones técnicas o en la comisión mixta de seguimiento.

Además, la cifra total (40 millones) se podría regularizar por el mecanismo de compensación con obras de movilidad sostenible, financiadas al 100% por el Ayuntamiento, como ocurrió en el caso de Sevilla. Entre las propuestas está la iniciativa de peatonalizar el lateral sur de la Alameda Principal (para equilibrarlo con el norte, que se cerrará al tráfico y se conectará con la calle Larios); o la reforma del cruce de Jiménez Fraud, entre otras. El caso es que la disputa por la primera batería de facturas convalidables todavía no está cerrada porque existen discrepancias, en la medida en que el Gobierno andaluz no reconoce algunas actuaciones, como la inclusión por parte del Ayuntamiento de varios conceptos que tienen que ver con la EMT.

El cálculo procede de los porcentajes establecidos en el convenio de 2003, lo que supone el 25% para el Consistorio, antes de descontar la aportación del Estado (desde el 2005 el Gobierno central está haciendo frente a los 175 millones, fraccionados en 30 años).

Este paso se produce en plena crisis abierta por la paralización del proyecto del tramo en superficie hasta el Hospital Civil; y por la negociación de la adenda, que permitirá reducir las aportaciones municipales a los costes de explotación. Los canales de comunicación institucional están cerrados desde que hace ya tres semanas el equipo de gobierno municipal dio por roto el protocolo de intenciones de noviembre de 2013 (que contemplaba ambas medidas).

El alcalde, Francisco de la Torre, exigió que para retomar la negociación el primer punto del orden del día tendría que ser la cuestión de la rebaja económica, antes de aclarar si finalmente permitirá el trazado por Eugenio Gross, algo que tampoco ha gustado a los vecinos.