Alertan a la jueza de una posible red de guardias civiles corruptos vinculados a un crimen en Alhaurín

La propia Benemérita, en un oficio remitido el pasado día 14 a la jueza que investiga el caso, al que ha tenido acceso SUR, alerta de la posible existencia de una trama de «guardias civiles corruptos» que podría estar vinculada a uno de estos crímenes, que tendrían como trasfondo, según esta hipótesis de la investigación, el tráfico de drogas.

La primera de estas muertes fue la de Lucía Garrido Palomino, asesinada el 30 de abril de 2008. Una o varias personas aún sin identificar la sorprendieron cuando llegaba a casa con la compra y la golpearon con un ladrillo macizo de barro. La mujer, que tenía 35 años, fue arrastrada hasta la piscina, donde le asestaron una puñalada en el cuello. Lucía intentó salir del agua, pero su agresor (o agresores) se lo impidió. Murió ahogada.

El crimen tuvo desde el primer momento como principal sospechoso al que había sido su pareja durante 13 años, M. A. H., con el que tenía una hija en común, y al que Lucía había denunciado por malos tratos y amenazas. Tras la separación, el juez otorgó el usufructo de la vivienda a madre e hija, pero dejó el negocio de los animales situado en la misma finca a M. A. H., lo que le permitía acceder libremente al recinto.

El hombre se ha aferrado desde entonces a una coartada que le sitúa el día de autos en Cádiz en casa de un conocido. Aportó facturas de comidas, de los peajes de la autopista y de las estaciones de servicio donde repostó. Su rostro quedó grabado en las cámaras de seguridad de las gasolineras, lo que demostraba que había estado fuera de Alhaurín de la Torre cuando mataron a su exmujer.

Un año después, exactamente el 25 de abril de 2009, M. A. H., que se había instalado en la casa que ella dejó vacía tras su fallecimiento, abatió a tiros a dos hombres que entraron armados en la finca. Las víctimas, ambas de nacionalidad colombiana, de 25 y 26 años, iban encapuchadas y al parecer portaban un revólver y una pistola. El hombre declaró que sobre las 22.30 horas escuchó los ladridos de su perro, que parecían avisarle de la presencia de intrusos, por lo que salió de la vivienda con una escopeta. Aseguró que se topó con un encapuchado y que ambos se apuntaron. Él, según siempre su versión de los hechos, comenzó a retroceder hasta que oyó un disparo y reaccionó apretando el gatillo, alcanzando al primer encapuchado y después al segundo. La autopsia reveló que los disparos fueron a bocajarro.

Causas archivadas y reabiertas

La jueza archivó la causa de las muertes de los dos colombianos al considerar que M. A. H. actuó en defensa propia. La investigación por el crimen de Lucía también se sobreseyó inicialmente, pero cinco años después, en septiembre de 2013, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga reabrió el caso y tomó declaración a M. A. H. como imputado por presuntos delitos de homicidio y maltrato habitual a su expareja. En enero de 2014, la Audiencia ordenó investigar la relación que «existe o puede existir» entre la muerte de la mujer y las de los dos colombianos.

Nueve meses después, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga encargó a Asuntos Internos de la Guardia Civil que indagara en la presunta relación entre miembros de este Cuerpo y M. A. H. El atestado del SAI, fechado el 9 de febrero de 2015, recoge 12 posibles delitos bajo investigación, que van desde el cohecho hasta el tráfico de influencias, revelación de secretos o falso testimonio. La llamaron operación Telaraña.

Las investigaciones de Asuntos Internos se saldaron entonces con la imputación de nueve personas, entre ellas seis agentes y el propio M. A. H. por supuestas irregularidades relacionadas principalmente con el negocio de especies exóticas. «Como ejemplo citan los agentes del SAI se relatan operaciones prohibidas de compraventa de animales».

Sin embargo, el último oficio que Asuntos Internos ha entregado a la jueza va más allá y señala, según los testimonios de testigos, que la finca Los Naranjos «pudiera verse involucrada en asuntos turbios relacionados con el tráfico de drogas y/o armas». Los agentes añaden en su informe: «Se infiere que la misma pudiera ser utilizada permanentemente como guardería (almacén) de sustancias estupefacientes por parte de cierta/s organizaciones criminales».

Asuntos Internos subraya que esta línea de investigación «toma fuerza» y destaca que Lucía Garrido era «testigo directo y presencial», lo que la convertiría en una «amenaza». Para ahondar en los posibles vínculos entre los crímenes, los agentes han realizado una reconstrucción del doble homicidio de abril de 2009, desplazándose por «diversas provincias españolas» para entrevistarse con «efectivos de la Guardia Civil, de otros Cuerpos y de terceras unidades policiales (tanto de ámbito nacional como extranjero), así como con multitud de personas relacionadas en mayor o menor medida con los fallecidos».

Los agentes del SAI detallan que son «numerosas las personas allegadas a los difuntos las que confirman, aseguran y testifican» que el «único motivo» por el que los dos jóvenes acudieron a la finca era la sustracción de «una determinada cantidad de droga». Además, «como parte responsable de la planificación del supuesto robo señalan a guardias civiles corruptos de Málaga».

El Servicio de Asuntos Internos considera que estas informaciones supondrían un vuelco en la investigación de las muertes de los dos colombianos y, según dice literalmente su oficio dirigido a la jueza, «arrojarían más sentido aún si cabe al móvil del crimen de Lucía, en cuya planificación pudo igualmente existir la presencia de agente/s de la Guardia Civil directamente vinculados al tráfico de drogas».