Torremolinos certifica el acuerdo para destituir a Margarita Del Cid en la Mancomunidad

El portavoz de IU, David Tejeiro, planteó el cese al considerar que Del Cid «no es digna representante del Ayuntamiento» por su papel como instructora del expediente disciplinario abierto hace casi una década contra la secretaria municipal, que había puesto reparos a la venta de acciones de la empresa de aguas. El expediente instruido por Del Cid acabó siendo declarado no conforme a derecho, nulo y sin efecto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero el asunto ha vuelto a la actualidad por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga que condena al Ayuntamiento de Torremolinos a pagar más de 30.000 euros por los agravios y las humillaciones ejercidos contra la funcionaria por parte del anterior Gobierno local del PP. El juez, que en ningún momento se refiere a Del Cid en su sentencia, resume el expediente como «un conjunto de abusos» que supusieron «una evidente extralimitación de la encomienda del servicio público».

Segundos después de la aprobación de la moción presentada por IU, el concejal popular Ramón del Cid propuso a Margarita del Cid como candidata para cubrir la vacante que acababa de dejar su propia destitución. La iniciativa salió adelante tras un cambio en el sentido del voto del concejal no adscrito Juan Machío, que minutos más tarde, tras un receso que sirvió para que otros grupos políticos le ayudasen a redactar la moción, presentó una propuesta de urgencia para volver a plantear la destitución de Del Cid alegando que había cometido un error en la votación anterior. Tanto la urgencia como la moción volvieron a ser aprobadas con el voto de calidad del alcalde. Pese a que el PP y Ciudadanos suman mayoría absoluta, el respaldo de la formación naranja a Del Cid resultó insuficiente por la ausencia de la concejala Ángeles Vergara, que alegró padecer un cólico y cuyas discrepancias con la portavoz popular suponen un secreto a voces desde hace meses.

La secretaria municipal ha certificado ahora los tres acuerdos plenarios (destitución, reelección de Del Cid para cubrir su propia vacante y nuevo cese). La primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, asegura que «el acuerdo plenario tiene total validez, salvo que un juez diga lo contrario» y advierte de que «cualquier documento que firme Del Cid como presidenta o miembro de la Mancomunidad será declarado nulo de pleno derecho porque ya no forma parte de esta institución al haber dejado de representar al Ayuntamiento».

La portavoz del PP en Torremolinos, sin embargo, afirma que el secretario de la Mancomunidad aún debe recibir la certificación correspondiente por parte del Consistorio «y pronunciarse para ver si se acata o no el acuerdo». Del Cid sostiene que Tocón «ignora las consecuencias legales y jurídicas de sus actos», que cree que acabarán derivando en «responsabilidades penales graves». El PP ya interpuso «una querella criminal» contra los concejales que votaron a favor de lo que considera «una moción de censura encubierta» en la Mancomunidad.

El asunto promete volver a abrir una nueva crisis en la institución supramunicipal, cuyo cambio de estatutos fue anulado el año pasado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga. Esta resolución, recurrida por la Mancomunidad, podría resultar decisiva también a la hora de valorar la validez o no de la destitución de Del Cid. A petición del grupo municipal del PP, la secretaria del Ayuntamiento de Torremolinos emitió un informe por el que declaraba viable que el pleno debatiese y adoptara acuerdos relativos al cese o el nombramiento de sus representantes en la Mancomunidad.

La Ley de Autonomía Local de Andalucía establece, en su artículo 67.2, que los representantes de las mancomunidades serán designados «por cada municipio». Sólo los estatutos de la Mancomunidad Occidental modificados en 2014 hacen referencia expresa a posibles destituciones, informando de que esta medida deberá ser aprobada por el pleno a propuesta de los grupos políticos «que a ello tuvieran derecho». En este caso, únicamente el PP habría podido proponer la destitución de Del Cid. Es aquí donde se produce el embrollo administrativo; la secretaria del Ayuntamiento entiende que los estatutos de 2014 carecen de validez al haber sido anulados por un juez, mientras que el secretario de la Mancomunidad considera que los estatutos continúan vigentes debido a que los recursos interpuestos están pendientes de resolución.