Susana Díaz anuncia que la renta mínima de inserción estará implantada en enero en Andalucía
La presidenta pide a los grupos consenso ante el próximo dictamen del comité de expertos sobre el modelo de financiación autonómica
Lalia González
Viernes, 23 de junio 2017, 01:03
El control parlamentario del Gobierno andaluz comienza a volver a la normalidad, tras una etapa en la que sólo planeaban sobre la sesión los ... avatares políticos de la presidenta de la Junta. Ayer apenas hubo referencias al ‘AVE’ de Susana Díaz y se volvió al modelo clásico, con debates sobre temas concretos y anuncios por parte de la presidenta. Así, Díaz aseguró que la renta mínima de inserción estará en vigor en enero y beneficiará a 42.500 familias; que la negociación para la reforma fiscal se hará cuando se conozca el techo de gasto y que el 10 de agosto se conocerá el dictamen del comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica, ante el cual la presidenta volvió a pedir «que todas las fuerzas políticas estén al lado de Andalucía».
También volvió a un formato más habitual el rifirrafe con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, que preguntó sobre la política de aguas de la Junta y acusó a ésta de no haber invertido 306 millones, para recibir como respuesta un latigazo:«No vamos a importar Andalucía el modelo del Canal de Isabel II, que es la vergüenza de España», dijo Susana Díaz a raíz del escándalo del PP en el Comunidad de Madrid.
Moreno y Díaz también se cruzaron acusaciones sobre el cambio de Gobierno, motivado «porque fracasó en las primarias», para el líder del PP-A, mientras la presidenta ironizó acerca del «liderazgo tan grande» de éste.
C’s salva el Comisionado de la Memoria Democrática
El voto de C’s impidió que el Parlamento aprobara un punto de la proposición no de ley de IU que pedía que no se creen nuevos órganos en la Ley de Memoria Democrática, una iniciativa tendente a placar la propuesta de Susana Díaz para crear el Comisionado que ofreció a Diego Valderas, excoordinador de IU, y que éste rechazó después de que el PCA le amenazara con expulsarlo. PP, Podemos e IU votaron juntos en este punto, que pedía al Consejo de Gobierno que se abstenga de provocar duplicidad de funciones, crear nuevos órganos, estructuras administrativas o políticas ajenas al articulado de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que distraigan recursos y competencias al ámbito de aplicación de la misma a través de los cauces previstos.
IU criticó el cambio de postura de C’s, que inicialmente se iba a abstener en este extremo, y dijo que «come de la mano» de Susana Díaz.
No obstante, la parlamentaria Inmaculada Nieto celebró la aprobación del resto de puntos de su PNL que sí fue apoyada por PSOE y Podemos. Entre otras cosas, la incoativa pide «la recuperación de la documentación relativa al asesinato de García Caparrós, la recuperación para el Archivo General de Andalucía de la documentación relativa a la dictadura y la guerra que obra en poder del Gobierno de España; y un Plan para que en 10 años se lleven a cabo las exhumaciones de las fosas comunes y la identificación de las personas desparecidas». Asimismo, el Parlamento instado al Gobierno andaluz a aprobar, antes de que finalice el próximo periodo de sesiones, los reglamentos previstos para el desarrollo de los órganos previstos en la ley.
Antonio Maíllo, de IU, puso en duda que el presupuesto previsto para la renta mínima de inserción, 205 millones al año, vaya a ser suficiente para atender las necesidades de una población con altas tasas de pobreza severa. La presidenta indicó que el decreto se va a tramitar por vía de urgencia y pidió consenso parlamentario.
Juan Marín, de C’s, quiso sacar a la presidenta un compromiso para suprimir el impuesto de sucesiones. Díaz se mostró confiada en que alcanzará un acuerdo, que necesita para salvar sus presupuestos, aunque le remitió a finales de julio, cuando Hacienda dé a conocer el techo de gasto, y a conocer el marco de financiación en que se va a mover la comunidad el año próximo.
TTeresa Rodríguez, de Podemos, planteó su pregunta en torno a la reforma del reglamento del Parlamento que ha presentado su formación para reducir dietas y cesantías de los diputados. Díaz dijo que la cuestión no incumbe al Ejecutivo, sino al legislativo y emplazó a la dirigente de Podemos a decir si creía que alguno de los 108 diputados de la Cámara «roba». Pidió entonces la palabra la diputada no adscrita, María del Carmen Prieto, ex C’s, para decir que son 109, sintiéndose excluida, a lo que respondió Susana Díaz que había citado esa cifra por no referirse a ella misma, parlamentaria y presidenta de la Junta.
Mario Jiménez, en nombre del Grupo Socialista, preguntó por la climatización de los colegios y la presidenta censuró que para los demás grupos dejaba de ser un problema cuando ya se ha planificado que se realicen las obras en agosto.
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