PSOE y Podemos pactan la ley de caminos rurales para garantizar su uso público

PSOE y Podemos iniciaron las negociaciones para esta ley el pasado enero. La registrará el grupo socialista en el Parlamento para su tramitación por la vía rápida y así poder aprobarse antes de la disolución del Parlamento con motivo de las elecciones autonómicas, algo no previsto hasta marzo de 2019, pero no habrá periodo lectivo desde diciembre al menos si no hay adelanto electoral en otoño.

Fiscal y Moscoso y representantes de grupos ecologistas hicieron la presentación en el sendero Cuesta del Reventón de Córdoba, un paraje en el que Medio Ambiente ha invertido algo más de 688.000 euros para su conservación.

La nueva ley respetará el actual régimen de propiedad del territorio por el que transcurren los caminos, si bien garantizará su uso público. «No se pretende privatizar ni restar autonomía a las administraciones locales, sino clarificar el patrimonio público y otorgarle mas seguridad jurídica en su gestión», explicó el consejero.

La ley tiene por objeto definir el régimen jurídico, la clasificación, los usos y compatibilidad, titularidad y competencias de los caminos públicos que transcurren por la Comunidad, determinando su titularidad y estableciendo los procedimientos de construcción, conservación y mantenimiento de los mismos, así como las normas de su protección, uso y defensa, según recoge el artículo 1 del proyecto de ley.

Fiscal aludió que en Andalucía existe un vacío legal en cuanto a la regulación de los caminos públicos rurales, ya que en muchos casos se desconoce qué administración pública es la propietaria y, por tanto, responsable de su mantenimiento, recoge una nota de la Junta.

Con la ley «buscamos la recuperación de los caminos rurales, permitiendo su aprovechamiento, tanto para la tradicional función de tránsito, como para su uso forestal, agrícola y ganadero y para usos turísticos, recreativos y medioambientales», explicó el consejero de Medio Ambiente.

Fiscal puso en valor que este anteproyecto de ley involucrará a todos los sectores implicados y por ello pide la colaboración de todos los grupos políticos y otras organizaciones y asociaciones ciudadanas. «Así queda reflejado en el trabajo que hemos realizado y estamos realizando de forma conjunta con Podemos», dijo el consejero.

El diputado de Podemos David Moscoso destacó a este periódico la importancia de la norma para acabar con la «usurpación» de los caminos rurales públicos. «Es un paso histórico», argumenta. Las diferentes administraciones, Junta, ayuntamientos y diputaciones, han intentado políticas para preservar los caminos desde hace años, pero la propia dinámica de la evolución humana ha colocado a estas vías en una situación confusa. Su uso ha sido modificado por el tráfico de coches, incluso muchos de ellos se han transformado en carreteras, pero también se han construido cortijadas, pedanías y barriadas sobre estos caminos sin control alguno.

La ley define como camino público todos aquellos que conectan las áreas rurales, bien las poblaciones o los predios del campo. También incluye como tales a las pistas forestales. Quedan excluidos de la ley como caminos públicos rurales las calles y plazas en las que antaño discurrieron un camino, los de titularidad estatal y los de naturaleza privada y las servidumbres de paso constituidas sobre una finca privada en beneficio de una o más personas, entre otros.