La comisión de los cursos reproducirá las comparecencias de las del 'caso ERE'

Algunos grupos ya han insinuado que reclamarán la presencia de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, bajo cuyos mandatos se produjo las supuestas irregularidades, si bien no todos los de la oposición lo harán. Sí coincidirán en solicitar la de los exconsejeros de Empleo durante la etapa investigada: José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio y la del exconsejero de Economía, Innovación y Empleo Antonio Ávila.

Todos ellos ya declararon en la comisión de los ERE de 2012 y son investigados de supuestos delitos de prevaricación por este caso. Fernández, Recio y Ávila también lo están en el sumario de los cursos que se sigue en el juzgado 6 de Sevilla. Y es que a falta de que se conozca la lista definitiva de los que comparecerán (que se deberá hacer por consenso o votación de los cinco grupos), la mayoría de altos cargos políticos de la Junta a los que se llamará a declarar ya lo hicieron en la comisión de los ERE y están imputados en este caso.

Una de las dificultades que tendrá la comisión de investigación que se sigue en el Parlamento es precisamente la de pedir explicaciones a quienes están inmersos en procesos judiciales, ya que sus abogados por sentido común les aconsejarán lo que deben o no deben contar. Pero más difícil tendrá la comisión su fin último de concluir y exigir responsabilidades políticas. No ya solo porque será complicado que cinco partidos se pongan de acuerdo en las mismas, sino porque en realidad la mayoría de altos cargos bajo los que dependieron la formación están fuera de la política.

Vigilancia

Por eso los partidos de la oposición se centrarán en cargos políticos de los últimos años, en los que en realidad no se concedían cursos, pero sí correspondía vigilar y hacer seguimiento del gasto correcto de las subvenciones por parte de las entidades y empresas adjudicatarias.

La formación pasó a la Consejería de Educación en 2010, pero su titular entonces, Mar Moreno, decidió suspender la concesión de cursos en 2011. Su sucesor, Luciano Alonso, inició en 2013 una inspección expediente a expediente de las ayudas concedidas desde 2007, a las que todavía se les podía exigir la devolución del dinero si este no estaba justificado.

La formación para el empleo volvió a la Consejería de Empleo al comienzo de esta legislatura en junio pasado y es su titular ahora, José Sánchez Maldonado, quien sigue la investigación interna. El consejero informó que de los 1.613 millones de euros concedidos desde 2007, la Junta ha supervisado 728,5 millones de los que pedido la devolución de 71,9 millones por la no justificación de las ayudas. Esta información data de julio de 2015.

En la entrevista publicada este domingo por este periódico, Sánchez Maldonado afirma que antes del verano se habrá concluido la supervisión de los 8.505 expedientes. Tal aseveración hace prever que si llaman al consejero a la comisión a partir del 19 de febrero como se ha dicho, aún no tendrá toda la información sobre el montante global de las irregularidades.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha insinuado que su partido desvelará «sorpresas» de los cursos en las provincias. Hace prever que el PP llamará a declarar a delegados provinciales del Gobierno andaluz. Para ello será clave las explicaciones de los interventores de la Junta, tanto los de la administración central como los de la periferia, o delegaciones.

Pero también parece previsible la presencia de responsables de los sindicatos, sobre todo UGT, y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), todos ellos beneficiarios de subvenciones para cursos. La mayoría de los grupos en quienes tienen más interés es en los funcionarios, como jefes de negociado, que han estado a cargo de la gestión de los cursos. Tanto PP como Podemos e Izquierda Unida quieren llamar a los técnicos en las consejerías afectadas, saber si hubo indicaciones o consignas políticas y si los funcionarios advirtieron de irregularidades y no se les hizo caso.

Podemos pide ampliar plazo

Fuentes de la comisión admitieron que está resultando difícil convencer a los funcionarios para que declaren. Muchos no desean verse comprometidos, sobre todo en un caso con un proceso judicial abierto. El fantasma de los ERE y del caso Invercaria, donde también hay altos cargos del funcionariado imputados, les persigue.

Esta puede ser la razón por la que Podemos pidió ayer tarde ampliar el plazo para presentar las peticiones de comparecencias, aunque en un comunicado la formación morada asegura que se debe a la falta de documentación necesaria para dar los nombres, achacando a la Junta el retraso en su envío.

Izquierda Unida pretende llevar a la comisión a los empresarios denunciados por prácticas irregulares, algunos, como los denunciados en el caso Edu de la provincia de Málaga, también procesados judicialmente. Ciudadanos pretende citar a los alumnos de los cursos, pero admite que será difícil conseguirlo.