Maldonado cifra en 1.613 millones el importe total de los cursos de formación investigados

De esta cifra, las reclamaciones en firme ascienden a 71,9 millones, una cantidad muy superior a la última cifra que ofreció el anterior consejero, Luciano Alonso, que en diciembre pasado habló de 20,8 millones, correspondientes a expedientes en los que se han encontrado irregularidades y el proceso de alegaciones había concluido, para convertirse en firmes. La cifra crecerá, pues quedan más de siete mil expedientes, por 1.391 millones, pendientes de revisar.

Desde que estalló el escándalo de los cursos de formación, la Junta emprendió la revisión uno a uno de los expedientes correspondientes y va dando cuenta periódica de los resultados, mientras en diversos juzgados se llevan a cabo instrucciones sobre presuntos fraudes en las ayudas.

Sánchez Maldonado ofreció ayer su correspondiente batería de datos, junto con la garantía de que la Junta peleará para recuperar hasta el último euro defraudado y se comprometió personalmente a que ninguno de los expedientes prescribirá. Defendió también las exceptuaciones llevadas a cabo y dijo que todas las concedidas están siendo justificadas.

Insistió en distinguir la investigación administrativa de la causa penal rechazó que se abra «causa general» ni se desacredite a todo el sector y fue tajante al afirmar que «si hay responsabilidades penales, los tribunales dirán, que cada palo aguante su vela».

Además, el consejero de Empleo afirmó que espera convocar en el último trimestre del año nuevos cursos de formación para el empleo. Los cursos, que en parte se sufragan por cotizaciones de empresas y trabajadores, están suspendidos desde 2012.

Aunque Maldonado agradeció el tono de la oposición, los portavoces de IU, José Antonio Castro; de Ciudadanos, Juan Marín; de Podemos, Carmen Lizárraga, y del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, se emplearon a fondo para reclamar transparencia y censuraron la falta de control. «No ha sido Robin Hood, sino Hood Robin, han robado a los pobres para darle a los ricos», dijo Lizárraga. Marín reitero la exigencia de su grupo contra la corrupción y Sillero pregunto si se van a asumir responsabilidades políticas.

El primer pleno ordinario de la Legislatura comenzó con retraso. El encierro de los alcaldes andaluces de IU, en demanda de que la Junta pague sus deudas en los planes de empleo, motivó una reunión urgente de la Mesa, que acordó desalojarlos cuando acabara el pleno. Los 45 munícipes decidieron seguir encerrados a pesar de que la Consejería de Hacienda comunicó un adelanto a julio del tercer tramo de la Patrica, las transferencias a los municipios, por 84 millones de euros.

Fuentes de la Mesa dijeron que el acuerdo de desalojo fue aprobado por todos los grupos, incluido Podemos, y sólo IU votó en contra, al preguntar el presidente quién se oponía. El representante de Podemos negó haberse pronunciado, ya que el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, se limitó a comunicar que se produciría el desalojo una vez que acabara la sesión. Finalmente, a medianoche la policía desalojó a los regidores. Un signo del clima en que empieza la legislatura.