Andalucía estudia recurrir ante la Unión Europea la sentencia contra las expropiaciones de viviendas

La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, anunció ayer que está en estudio recurrir en amparo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la sentencia del Constitucional, puesto que es la única vía posible, ya que en España no cabe recurso contra dicha sentencia. Izquierda Unida, de cuyas competencias partió la iniciativa legislativa durante su etapa de gobierno de coalición, pidió también que se acuda a Estrasburgo.

Serrano compareció ayer en una rueda de Prensa para volver a apelar al Gobierno de Mariano Rajoy para que «se ponga del lado de los más débiles» y retire este recurso, si bien después de la sentencia del TC todo hace suponer que la Ley de Función Social de la Vivienda correrá la misma suerte.

Además, la consejera aseguró que el Gobierno central «boicotea» las políticas andaluzas en materia de vivienda, no solo la citada Ley de Función Social, sino también las órdenes de ayudas a familias con escasos recursos para afrontar el pago de alquiler, que Madrid le ha exigido modificar bajo amenaza de no aportar la financiación necesaria, procedente del Plan de Vivienda estatal.

Serrano explicó que en una reciente comisión bilateral, celebrada el día 26, el Gobierno ha obligado a la Junta a modificar los requisitos de estas ayudas. Se trata de un plan dotado con 43 millones de euros para alquiler de familias vulnerables, que cuenta en este año con 15 millones de euros, a fin de cubrir al 40% de la renta mensual, con un límite máximo de ayuda de 2.400 euros anuales por inmueble, cuyo alquiler no debe superar los 500 euros mensuales.

La consejera explicó que «al tratarse de una ayuda dirigida a los más vulnerables, el tope de ingresos se ha situado en los 18.600 euros netos anuales», un requisito que puede variar en función de la composición y condiciones específicas de la unidad familiar. Los cálculos de la adminsitración prevén beneficiar a unas 7.150 familias y ya se han recibido 28 mil solicitudes, indicó.

Pero el Gobierno exige que las familias beneficiarias estén al corriente de los pagos a la Seguridad Social y a Hacienda. «Es un argumento que no entendemos», indicó la consejera, «ya que las ayudas están dirigidas a aportar parte del alquiler a familias con escasos recursos, lo que hace prever que su situación económica es delicada».

Explicó que cuando la Junta de Andalucía exoneró de este requisito a los solicitantes «no lo hicimos por antojo, sino porque la Ley 38/2003 para la regulación y concesión de subvenciones públicas, a la que se acoge el Plan Estatal de Vivienda, contempla la posibilidad de eximir a los beneficiarios de esa circunstancia, por la naturaleza de la subvención».

El Ejecutivo central incluso amenaza con extender este requisito a las ayudas al alquiler para personas de especial vulnerabilidad.

La sentencia tuvo trascendencia más allá de Andalucía. La alcaldesa electa de Barcelona, Ada Colau, destacada activista de las plataformas contra los desahucios, la calificó de «inaceptable» y muestra del seguidismo del alto tribunal hacia la política, según recoge Europa Press.

El delegado del Gobierno en Andalucía, por su parte, pidió a la Junta que abandone «la demagogia» yponga en el mercado sus viviendas vacías, mientras que aseguró que la sentencia del TC procura «más seguridad jurídica e igualdad entre todos los ciudadano».