La Junta liquida el pago de 30 millones por la asistencia jurídica gratuita de este año a abogados y procuradores

En rueda de prensa, el consejero, que ha estado acompañado del presidente del Consejo Andaluz de Procuradores, José Jiménez Cózar, y su homólogo en el Consejo Andaluz del Colegio de Abogados, José Pascual Pozo, ha valorado el "valioso trabajo profesional" de los 7.000 abogados y 2.100 procuradores en la región por "la defensa de aquellos que no tienen quien los defienda, por falta de dinero para pagarse un abogado". Así, ha agradecido a procuradores y abogados que "realicen un trabajo de calidad de manera incluso más profesional que lo que supone a un cliente privado".

Según ha explicado el consejero del ramo, "desde hacía 30 años no se llevaban a cabo el pago al día de los servicios de asistencia jurídica gratuita", para lo que "se ha realizado un esfuerzo importante". Por ello, se realizará una primera prestación de 6,8 millones de euros y posteriormente los otros casi 23 millones que se abonarán próximamente. Hasta ahora, y para el próximo año, el pago de los abonos se realiza formalmente de manera trimestral; sin embargo, "siempre había un año de retraso", ha señalado Pozo.

En este sentido, De Llera ha realizado un balance general del año en el que, según cifras de la Consejería del ramo, la inversión que ha realizado el gobierno andaluz en justicia gratuita ha ascendido a unos 66 millones de euros, una cifra que es considerada "un esfuerzo a causa de la situación económica que atraviesa el país".

Ha asegurado que desde el departamento autonómico están "convencidos de que la justicia gratuita es otra política social más y debe estar a la misma altura que la sanidad, la educación o la dependencia", ya que, a juicio del consejero, "si alguien no puede reclamar su derecho y no puede asistir a la justicia supone una falta de cohesión para la sociedad si no se le pone remedio" y, por eso, "la Junta ha llevado a cabo esta inversión en justicia gratuita que no nos importa lo que alcance".

"Incumplimiento" de la ley de tasas

Por otro lado, De Llera ha criticado que al contrario que la Junta de Andalucía, el Gobierno central "no ha cumplido sus compromisos", puesto que, según el artículo 11 de la Ley de Tasas Judiciales, "se establece que el valor del dinero que se obtenga mediante el cobro de las tasas estaría vinculado a la justicia gratuita".

Sin embargo, ha subrayado que desde que entró en vigor "el Gobierno central ha recaudado 54 millones de euros en tasas de Andalucía", pero por el momento "no ha remitido ni un solo euro al Gobierno andaluz para garantizar el servicio de asistencia jurídica gratuita en la región", situación que el consejero ha igualado en "materia de dependencia", en el que "tampoco se cumple con las Comunidades Autónomas".

Por ello, ha señalado que desde el Gobierno andaluz "están manteniendo el servicio sin ningún respaldo financiero, pese a que el estado ha incrementado el número de beneficiarios de la justicia gratuita, sin una correspondencia económica". Así, De Llera ha señalado que en concreto, en Andalucía son unos 300.000 usuarios los beneficiarios quienes reciben este servicio.

En la misma línea, el titular andaluz de Justicia e Interior ha señalado que "a pesar de la situación económica, el gobierno andaluz está demostrando que hay otra manera de gobernar, y otra forma de salir de la crisis"; ya que desde la Junta "han adquirido un compromiso irrenunciable por la igualdad y las políticas sociales como la justicia gratuita".

A su vez, el consejero del ramo ha recordado que este año "se ha conseguido la mejora del servicio" a través de la puesta en marcha de un sistema informático llamado Temisa para la gestión de la justicia gratuita, con la que "las certificaciones se remiten a la Consejería de manera telemática", lo cual ha asegurado que "agiliza mucho la gestión de los pagos de los turnos de oficio de justicia gratuita".

A preguntas de los periodistas sobre si la Junta impondrá algún tipo de "queja judicial" ante este "impago", el consejero del ramo ha señalado que "judicialmente están estudiándolo", pero es "complicado" debido a que a pesar de ser aprobada esta ley en el parlamento "no hay una vía judicial".