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Urbanismo

Mijas reclama a una promotora 27.650 metros de suelo públicos apropiados indebidamente desde hace años

El equipo de gobierno está dispuesto a llegar a los tribunales

M. C. JAIME

Miércoles, 11 de diciembre 2013, 22:53

El equipo de gobierno de Mijas ha reclamado a una promotora inmobiliaria, concretamente el Grupo Aja, 27.650 metros cuadrados de suelo público ubicados en el núcleo costero de La Cala, ocupados por una zona verde un plan parcial de un sistema general de 200.000 metros cuadrados, donde se construyeron numerosas viviendas.

Según denuncia el propio responsable municipal de Urbanismo, Manuel Navarro, desde el departamento ya se advirtió de esta ocupación «suponemos que por error», en 2007. La promotora presentaría alegaciones meses más tarde en referencia al plan parcial que recoge la distribución urbanística de los elementos existentes en cada sector del municipio.

Así las cosas, el equipo de gobierno ha puesto en manos de la Asesoría Jurídica la reclamación y no descarta llegar a los tribunales, con el objetivo de que «se devuelva o compense» la ocupación de dichos terrenos, porque «las responsabilidades sobre sistemas generales nunca prescriben si hay delito», aclara el edil, aunque especifica que «nunca se va a reclamar a los vecinos y propietarios de las viviendas».

Navarro critica además que «desde mediados de 2007 el expediente ha estado guardado en los cajones»; de manera que se ha hecho público durante el proceso de redacción del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Mijas, que se aprobó hace escasas semanas en el último pleno municipal.

Se trata de una parcela pública «de la que se ha privado a los ciudadanos mijeños el derecho de disfrutarla y en el que el equipo de gobierno podría haber desarrollado acciones para posibilitar la ubicación de zonas deportivas o de suelo sanitario», critica el concejal.

Es por ello que reclaman a los anteriores gobernantes del PSOE que «expliquen por qué no siguieron el trámite» para exigir a la promotora inmobiliaria la «corrección del supuesto error a pesar de que estaban los informes sobre la mesa», lo que a juicio de Navarro hubiese impedido «la pérdida de suelo público a favor de una empresa».

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