La Junta asegura que culminará la reordenación del sector público este año

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado hoy que el Gobierno andaluz cumplirá su compromiso de reordenación del sector público a 31 de diciembre, y ha indicado que las empresas públicas deberán adecuarse al actual escenario presupuestario, lo que puede afectar al empleo.

"El compromiso es que el plan de reordenación esté terminado a 31 de diciembre y estamos en condiciones de hacerlo porque sólo falta la disolución de los 95 consorcios de las Unidades Territoriales de Desarrollo Local", ha informado la consejera, que ha reconocido que este último proceso es "más complejo" porque requiere de la concurrencia de varias administraciones.

Preguntada, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, sobre el futuro de las empresas públicas, Aguayo ha explicado que tendrán que adecuarse progresivamente "a las nuevas funcionalidades" y optar por "un abanico de posibilidades" que cada una de ellas tendrá que dilucidar.

Al ser interrogada sobre si las empresas públicas, al disponer de menos presupuesto, tendrán que optar por reducir la jornada laboral, la consejera ha respondido: "Exactamente, cada empresa tendrá que decidir en virtud de su escenario cuál es el camino que considera más apropiado, aunque el que plantea la Junta es siempre el del mantenimiento del máximo número de puestos de trabajo".

En cuanto a si descarta que puedan aplicarse expedientes de regulación de empleo en alguna empresa pública de la Junta en 2013, la consejera ha dicho: "No puedo contestar por centros que no son de mi competencia".

La consejera ha hecho estas reflexiones tras recordar que la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no implica nuevas exigencias de ajuste, sino el cumplimiento del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, que supone una "profunda reforma" del sector público, que Andalucía "está culminando".

Ha recordado que el "espíritu" de la reordenación del sector público pasa por una mayor flexibilidad en la prestación de servicios, una administración más eficiente "evitando duplicidades" y una reordenación de las sedes, lo que se está produciendo aunque es "un proceso que lleva su tiempo".

Respecto a una de las previsiones recogidas en el plan, la relativa a la venta de edificios administrativos, ha reconocido que probablemente no se cumplirá, aunque ha dicho que se compensará con los ingresos derivados de las dos sentencias "que han reconocido como ingresos que corresponden a la comunidad 272 millones más intereses" por la liquidación del sistema de financiación.

La responsable de Hacienda ha informado hoy al Consejo de Gobierno de la petición formal que ayer realizó para que Andalucía pueda acogerse al FLA, cuya aceptación corresponde ahora al Ministerio de Hacienda y que conlleva la "renovación" del compromiso de la Junta con el Plan de Reequilibrio.

Ha recordado que el Ministerio de Hacienda ha acordado un reparto inicial de 2.115 millones de euros para Andalucía, una cantidad que a la Junta le "parece bien" aunque va a seguir insistiendo en su reclamación del total de 4.906 millones, a lo que Andalucía cree que "podría aspirar" en base a la aplicación del propio decreto del FLA.

Aguayo ha subrayado que el FLA no es un "rescate", sino un fondo que facilita a las autonomías -en el marco de los endeudamientos que tienen autorizados- poder acceder al mercado financiero en mejores condiciones.

El Consejo de Gobierno ha analizado también el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo central respecto al límite de endeudamiento de la comunidad para 2013, que se situará entre el 15,3 y el 15,1 por ciento del PIB.

"Se ha hecho justicia con Andalucía, el acuerdo está en línea con lo que la Junta había demandado de manera intensa", ha destacado la consejera, que ha agradecido la "receptividad" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la negociación.

"Es una buena noticia, que pone de manifiesto que los argumentos que manejamos son sólidos y de peso", ha resaltado Aguayo , que ha asegurado que sin este acuerdo "hubiera sido imposible poder mantener el funcionamiento de hospitales o escuelas".