Implacables ante el absentismo

En ambos casos los padres fueron condenados por no adoptar las medidas necesarias para que los menores, en edad escolar, pudieran ejercer su derecho a la educación. En ambos casos, y pese a comparecer los técnicos de los centros educativos y de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, no se celebraron los juicios al haberse llegado, en ambos supuestos, a acuerdos de conformidad entre el fiscal y el abogado de las familias denunciadas, de manera que los progenitores deberán abonar una multa, cuya cuantía mínima suele fijarse en 500 euros, dado que la pena mínima por el delito de abandono de familia es de 6 meses de multa, oscilando el importe en función de la cuota diaria establecida.

La concejal de Asuntos Sociales, María Teresa García Mellado, declaró al respecto que «lo importante es que empiezan a dictarse sentencias condenatorias, aunque sean de multas y se tarde en citar a juicio».

No obstante, desde el Ayuntamiento se considera que, pese a los esfuerzos de todos los sectores implicados, los castigos que se imponen son mínimos en relación con el daño que se hace a los menores.

Según García Mellado, «se precisan medidas disuasorias ejemplarizantes para que aquellos padres o tutores que permiten el absentismo escolar de los menores a su cargo se replanteen su actitud». Así, se va a llevar a pleno la aprobación de una ordenanza sobre absentismo y convivencia escolar, con el objeto de sancionar a aquellos padres o tutores que incurran en alguna de las infracciones tipificadas.

Las sanciones serán de carácter económico y el dinero recaudado se destinará a programas contra el absentismo, tanto municipales como de los propios centros docentes, pudiendo sustituirse la multa en determinados supuestos por trabajos en beneficio de la comunidad, que se realizarían en centros educativos. Se intenta lograr el mayor consenso posible en la aprobación de esta ordenanza, habiendo remitido un primer borrador del texto a asociaciones, organismos y grupos municipales para que formulen sugerencias.

El proyecto ya ha sido entregado en la secretaría general para que se dictamine en comisión informativa y se eleve al pleno de febrero. A mediados de marzo la ordenanza entrará en vigor y se impondrán sanciones que en los casos graves pueden alcanzar los 3.000 euros.