El plante municipal contra la ley urbanística de la Junta empieza en Carratraca

Las discrepancias en Málaga con la LOUA -un cuerpo jurídico que restringe las posibilidades de construcción y de concesión de licencias en los municipios- no son nuevas. El pasado otoño, cuando se conoció la condena de un año de prisión y nueve de inhabilitación al entonces alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, por un delito urbanístico que le abocó a la dimisión y ante la falta de soluciones para el urbanismo en la comarca de la Axarquía ya hubo regidores de todos los colores políticos que confesaron la posibilidad de renunciar a sus cargos al no vislumbrar una solución, al no sentirse respaldados por el Gobierno andaluz y ver, cada día, sobre sus cabezas la espada de Damocles de encontrarse ante los tribunales.

Sin embargo, lo inédito del caso de Carratraca es que estos desacuerdos con la normativa urbanística han desembocado en la dimisión del regidor provocando una crisis política sin precedentes en el municipio ya que, a priori, ninguno de los siete concejales de los tres partidos con representación en el Consistorio, Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE, quiere asumir la Alcaldía en el pleno convocado para dentro de una semana. Unos días en los que se producirá una circunstancia no conocida en la provincia y es que el pueblo estará sin alcalde al haber dimitidos todos los ediles del equipo de gobierno de IU de sus funciones.

El caso del alcalde dimisionario de este pueblo ha puesto sobre la mesa una realidad: las dificultades y las presiones diarias que sufren los responsables políticos locales por parte de sus ciudadanos al no comprender éstos las limitaciones de la LOUA en la construcción de viviendas. Un hecho que corroboraron varios regidores consultados por este periódico.

«Todos los alcaldes tenemos dificultades para explicar a los vecinos que si tienen un terreno agrícola junto al pueblo no pueden hacerse una vivienda», relató la alcaldesa de Villanueva de Tapia y portavoz de IU en la Diputación, Encarnación Páez, quien pidió que en estos casos se aplique «el factor humano».

Páez subrayó que España es un Estado de Derecho donde hay que cumplir la ley pero añadió: «Este caso de Carratraca es el fracaso de la LOUA porque esta ley llegó tarde, mal y criminalizando al interior. Mientras las viviendas ilegales de Marbella se legalicen hay un fraude extraordinario a la ley. La Junta miró para otro lado ante las infracciones manifiestas, flagrantes y sangrantes que se produjeron en la Costa y ahora viene, tarde, con todo el poder a intentar resolver esta situación».

Un panorama muy similar retrató el alcalde del PP de Comares, Manuel Robles. «Lo que ha hecho el alcalde de Carratraca es lo que yo pedí hace unos meses ante la situación de inseguridad que vivimos en la Axarquía con el urbanismo: que los 31 alcaldes de la comarca fuéramos a Sevilla a llevar los bastones de mando y fuera la Junta la que gobernase los ayuntamientos».

Robles elogió la actitud de Óscar Román que calificó de «valiente» y aseguró que si el Gobierno andaluz no cambia su postura en materia urbanística y modifica la LOUA para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos y la ciudadanía los alcaldes de la provincia deberían seguir la estela del ya ex alcalde de Carratraca y abandonar sus cargos.

José Manuel Aranda, alcalde socialista de Canillas de Aceituno, exigió al Gobierno regional un desarrollo reglamentario de la LOUA para encontrar una solución a la situación de la misma manera que se está haciendo con los chiringuitos.

«Hay poner un poco de sensatez en las normas. Hay que hacer leyes que sean una herramienta para facilitar la vida a los vecinos y no para hacérsela más difícil», pidió Aranda.

Otros políticos advirtieron de la posibilidad de que se produzca un 'efecto Carratraca' de dominó y otros regidores sigan el ejemplo de Óscar Román.

Cambio en la ley

Durante su visita a la capital, también se pronunció sobre este caso el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien reclamó la necesidad de alcanzar un gran pacto en la Comunidad Autónoma para modificar la LOUA y los controles de la Junta de Andalucía sobre el urbanismo porque «fallan a diario».

«Las últimas leyes encaminadas a intentar tapar el desastre urbanístico de Marbella, especialmente la LOUA, han paralizado el sector y han significado menos economía y menos empleo», subrayó Arenas, quien criticó la «negligencia del PSOE en materia urbanística.

También se pronunció el presidente de la Diputación, el socialista Salvador Pendón, quien aseguró que no comprende que un responsable público dimita por no aplicar la ley.

«No entiendo que un responsable público, que accede con absoluta libertad a esas responsabilidad al presentarse a unas elecciones, dimita para no aplicar la ley. La normativa urbanística de Andalucía no es de ayer, sino que lleva años en vigor, antes de las últimas elecciones locales (2007), por tanto cualquier responsable público que esté en desacuerdo con ella y que entienda que lo contemplado en ella va a condicionar su actuación política lo que debe hacer es no presentarse a las elecciones», dijo.