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Jesús Ruiz Casado./ EFE
El presidente de Aifos, imputado por un presunto delito de alzamiento de bienes
MÁLAGA

El presidente de Aifos, imputado por un presunto delito de alzamiento de bienes

FRANCISCO JIMÉNEZ

Sábado, 24 de octubre 2009, 03:30

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A Jesús Ruiz Casado se le acumula el trabajo en los juzgados. Imputado en el 'caso Malaya', el administrador único de la promotora Aifos deberá responder por un presunto delito de alzamiento de bienes, por el que será citado a declarar en calidad de imputado. Los hechos están relacionados con la denuncia de los propietarios de un apartamento de la promoción Cortijos de Torreblanca (Fuengirola) que, ante la paralización de las obras (a día de hoy sigue inacabada) reclamaron por la vía judicial la devolución de los 40.000 euros que habían desembolsado. Para garantizar el pago, un juzgado de lo Civil decretó en febrero de 2008 el embargo de una cochera de la promotora. Sin embargo, cuando la parte demandante acudió al Registro de la Propiedad para inscribir el citado embargo, se topó con que la cochera había sido cedida en pago a Ziur -constructora de Aifos cuyo máximo responsable también es el propio Ruiz Casado- apenas unos días después de que se le notificara el mandamiento judicial por el que el bien debía permanecer retenido a la espera de la resolución del proceso.

De uno a cuatro años

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuengirola, que el pasado mes de junio dio traslado al Juzgado de Instrucción número 3 de esta localidad para que determinase la existencia de un posible delito de alzamiento de bienes, que contempla una pena de entre uno y cuatro años de prisión. Ahora, la magistrada ha dictado un auto con fecha de 21 de octubre (al que ha tenido acceso este periódico) en el que dictamina la apertura de diligencias previas ante la posibilidad de que haya indicios de delito, por lo que el representante legal de Aifos deberá prestar declaración en un juzgado de la capital, donde tiene fijada su residencia.

El grupo Aifos se declaró el pasado mes de julio en concurso voluntario de acreedores ante la incapacidad de afrontar las deudas con las entidades financieras, Hacienda y administraciones públicas, lo que a su vez provocó la paralización de las promociones de viviendas que financiaban y, por tanto, el incumplimiento de unos tres mil contratos de venta firmados con particulares.

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