Las empresas tardan un año en cobrar facturas de las administraciones públicas

En la actualidad, una docena de ayuntamientos malagueños tiene problemas «serios» para pagar a las empresas. Algunos de ellos «han dejado» de pagar sus deudas y otros tardan alrededor de doce meses, aseguró a Efe el vicepresidente ejecutivo de la patronal, Javier González de Lara. Detrás de los problemas que tienen las administraciones públicas, en particular los ayuntamientos, para pagar a las empresas subyace la necesidad de modificar el modelo de financiación municipal, según sostiene el directivo de la CEM.

Las dificultades para la obtención de créditos, situaciones «heredadas» de corporaciones anteriores -caso de varios ayuntamientos de la Costa Occidental-, y la paralización del desarrollo inmobiliario, con la consiguiente reducción de ingresos para las arcas municipales, son algunas de las causas de esta falta de liquidez.

Sustento económico

La construcción ha sustentado en los últimos años la economía de los ayuntamientos y «como consecuencia de ello falta un modelo de financiación definido», que se agrava con la población de hecho a la que deben prestar servicio en verano. Todo ello, «lo sufren las empresas, que están ahogadas», afirmó González de Lara, quien calificó de «disparatado» el modelo actual de financiación local, porque «no permite la continuidad» de las corporaciones.

Javier González de Lara recordó que la CEM ya alertó antes del verano de que «la crisis no había tocado fondo», y ha confiado en que las empresas no sean «víctimas» de esta situación y puedan «resistir», si bien se mostró pesimista por las consecuencias que puede tener el aumento de la presión fiscal.

Los ayuntamientos tienen una capacidad de obtención de recursos «limitada», y en los últimos años «han vivido de la bonanza de la economía y la construcción», insistió. En este sentido también se pronunció el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, quien manifestó a Efe que si los ayuntamientos no saldan la deuda con las empresas de este sector, muchas tendrán que acudir a la Ley Concursal a final de año.

Según sus cálculos, las administraciones públicas de Málaga, sobre todo ayuntamientos, adeudan a las constructoras unos 100 millones de euros. Por ello, Prado ha hecho un llamamiento a las administraciones para que «hagan un esfuerzo y liquiden gran parte de la deuda que mantienen», pues los retrasos en los pagos alcanzan un año.