Los jueces se quedan con el 'parking' y ponen en pie de guerra a los funcionarios

El uso del aparcamiento interior de la Ciudad de la Justicia vuelve a enfrentar a jueces y funcionarios. Una resolución del juez decano en funciones, Manuel Caballero-Bonald, en la que asignan las 166 plazas del 'parking' a los magistrados alegando «razones de seguridad» ha puesto en pie de guerra a los trabajadores de los juzgados. Los sindicatos se muestran indignados y aseguran que el decano se ha atribuido unas competencias que sólo corresponden a la Junta de Andalucía, propietaria del inmueble. Los representantes sindicales esgrimen que la seguridad es un derecho de todos, no sólo de los jueces, y critican que detrás de este argumento se ocultan otros intereses corporativistas y privilegios.

La resolución del decano fue notificada ayer a la junta de personal de los trabajadores de Justicia. El acuerdo, que también ha sido adoptado en los mismos términos por el presidente de la Audiencia Provincial y al que se ha sumado la Fiscalía, se produce tras dos años de batalla en la que los jueces han intentado que la Junta de Andalucía cambie el criterio que ha mantenido sobre la regulación de los aparcamientos de la Ciudad de la Justicia desde su inauguración en 2007. Ese criterio ha sido la ocupación por orden estricto de llegada (sin distinción entre jueces, funcionarios y otros empleados) y una reserva específica de plazas para discapacitados, personal en funciones de guardia y cargos institucionales.

El acuerdo del decano, al que ha tenido acceso este periódico, recoge que la Ciudad de la Justicia «se proyectó y diseñó con un aparcamiento bajo la óptica de la seguridad de las autoridades que lo ocupan». En su punto tercero afirma que las personas sometidas a riesgos son las que ejercen la actividad jurisdiccional dictando resoluciones (los jueces) o ejercitando la acción penal (los fiscales), «pues es su actuación la que puede ser objeto de represalia».

En su resolución, Caballero-Bonald recuerda que en abril de 2008 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso a la Consejería de Justicia el criterio del TSJA de que las plazas del aparcamiento debían ser «por estrictas razones de seguridad», de uso exclusivo de jueces y fiscales. También se refiere a un acuerdo del propio CGPJ, que en septiembre del año pasado -en un conflicto similar en la Ciudad de la Justicia de Valencia-, estableció que la competencia para la distribución de los aparcamientos «corresponde a los órganos internos del Poder Judicial».

Los sindicatos no han tardado en reaccionar. Todos coinciden en afirmar que los jueces se han atribuido una competencia que no tienen y que corresponde a la Junta de Andalucía. Así, CC OO critica con dureza la resolución del decano, que tilda de «inaudita» y «más propia de tiempos predemocráticos», según su representante, José María Vico.

«Visión exclusivista»

Añade que «utilizando una cuestión tan delicada como la seguridad, se pretenden obtener unos privilegios, demostrando así su visión exclusivista y jerarquizada del uso de bienes públicos, la falta de solidaridad con el resto de personal y con los ciudadanos usuarios del servicio público de la Justicia».

«¿Seguridad o comodidad?» Esta es la pregunta que se hacen desde el sindicato Staj. Su delegado, Juan Antonio Luque, subraya que «si se tratara de estrictas razones de seguridad, los jueces verían también menoscabada su libertad a la hora de salir físicamente del edificio, por ejemplo, a tomar café». En ese sentido, asegura que «todos somos posibles víctimas y objetivo terrorista», y recalca que la distribución de las plazas del 'parking' «no guarda ninguna relación con la función judicial».

«Indignación y rubor». Jesús Postigo, delegado de USO-SPJ, dice que eso es lo que sienten «al comprobar el comportamiento de los los servidores públicos, que parece que sólo salen a la luz pública para reclamar privilegios corporativistas». Coincide con el resto de los sindicatos al afirmar que «la seguridad es un derecho de todos por igual» y añade que «en el caso de que alguien esté amenazado hay que adoptar medidas para garantizar su seguridad personal». Postigo anuncia que habrá «conflicto y movilizaciones», y añade que «nos preocupa una actitud vacilante de la Junta y que ceda las competencias que le corresponde a un tercero».