Un juez llama a declarar a diez concejales y ex ediles por un supuesto delito medioambiental

Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad del Tajo, ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar ante el juez a los políticos, muchos de los que cuales forman parte también de la actual corporación, antes de que termine abril.

Los concejales, que declararan en calidad de querellados son: Juan Fraile (PSOE), Maribel Morales (PSOE), Isabel Aguilera (PSOE), Pedro Fernández Coca (PSOE), Francisco Javier Navarro (PSOE), Trinidad Aragón (GIL), Carlos Gustavo González (GIL), y los dos concejales populares José Herrera y María Paz Fernández. Finalmente, el décimo concejal es Jerónimo García, que pasó al grupo de los no adscritos, procedente del GIL.

PA e IU se abstienen

De este modo, los concejales de Izquierda Unida y Partido Andalucista que formaban parte de la anterior corporación, no han sido citados para declarar, puesto que estas fuerzas políticas se abstuvieron en la concesión de la licencia de obras, supuestamente ilegal, destinada a rehabilitar un antiguo cortijo en el que se ubicaría la Escuela de Equitación. Esta actuación urbanística sí contó con los votos a favor de PSOE, PP y GIL, por lo que el entonces concejal de Urbanismo y Obras, José Herrera, concedió la licencia. Todos ellos eran miembros de una Comisión de Obras que se celebró en 2005. Cabe recordar que entonces era alcalde Antonio Marín, cuyo partido, el PA, había hecho un pacto de gobierno con el PP y el GIL, mientras PSOE e IU estaban en la oposición.

Según se establece en la documentación enviada por la Fiscalía de Málaga al Juzgado rondeño, y tras la investigación de la Policía Nacional: «El propietario de los terrenos, J. J. G. D., en el paraje denominado Puerto de la Muela, Polígono 7, parcela 85, del término municipal de Ronda, en suelo clasificado como No Urbanizable de Protección Integral PI-5, ha procedido a la realización de unas obras, sin licencia municipal, consistentes en la demolición de la edificación existente y en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, de dos plantas, con varios anexos, patio interior, porche y jardín, así como unas cuadras de unos setenta metros de longitud por cinco metros de ancho». Y sigue: «Las obras realizadas, pretendía el querellado, ampararlas en una licencia municipal de obras concedida el 21-7-2005, para rehabilitación de casa de campo para escuela de equitación». «La licencia concedida no ampara la construcción realizada, ya que lo efectivamente construido es una nueva vivienda, con una superficie mayor y unas cuadras», dice.

Reacciones

Por su parte, Herrera, ha explicado que, al contar con la aprobación de los miembros de la Comisión, concedió la licencia mediante decreto. Además, ha argumentado que las obras afectaban a un inmueble ya existente, no de nueva construcción, por lo que entiende que no existe ilegalidad. En la misma línea y compartiendo el mismo argumento, las concejales socialistas Aguilera y Morales (que ocupan Economía, Turismo y Educación), han dicho que la reconstrucción del cortijo no implicaba su ampliación. Han asegurado que si se ha superado la superficie autorizada en la edificación, la responsabilidad es de las autoridades competentes y del propietario del inmueble, que también ha sido acusado.