Detenido el alcalde de Alcaucín en el primer caso de corrupción urbanística en la Axarquía

La trama destapada ayer se dedicaba a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable, según la Benemérita.

Los empresarios implicados supuestamente pagaban cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos, que habrían consentido y encubierto estas actuaciones. A los arrestados se les imputan presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, delito urbanístico, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa.

La operación arrancó ayer a las ocho de la mañana. Miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil se personaron en el domicilio del alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, ubicado en la calle Alta, donde registraron la vivienda. Los agentes sacaron una caja con diversa documentación.

Sobre las doce del mediodía, el regidor fue trasladado en un coche camuflado hasta el Consistorio. Martín Alba fue conducido sin esposar a las dependencias municipales, donde permaneció durante todo el registro, que se prolongó por espacio de cuatro horas.

Once inspecciones

De forma simultánea, los agentes de la UCO y del Seprona inspeccionaron despachos en el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga; en una asesoría fiscal, situada junto al Ayuntamiento de Alcaucín, y en una caja de seguridad en una entidad bancaria. También fueron registrados los domicilios particulares de las hijas del alcalde, que residen en la núcleo de Puente de don Manuel, a las que presuntamente, Martín Alba, habría utilizado para blanquear los beneficios obtenidos en las supuestas comisiones.

En los registros, la Guardia Civil se ha incautado de abundante documentación y de discos duros que están siendo analizados. También se han intervenido pequeñas sumas de dinero en los domicilios de algunos de los detenidos.

Además del alcalde y sus dos hijas, en la 'operación Arcos' fueron arrestados un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación y su secretaria. Algunas fuentes atribuyen a este arquitecto la realización de informes favorables a proyectos de construcción de viviendas en suelo no autorizado para ello en el término municipal de Alcaucín a cambio, presuntamente, de comisiones. Las fuentes, no obstante, no pudieron confirmar si esta actividad se habría desarrollado a título particular o como funcionario del organismo supramunicipal.

Fincas y viviendas

Entra los promotores arrestados, figuran el propietario de una empresa de Alcaucín. y su hija, así como el dueño de una constructora veleña, su hija y su yerno. Estas dos entidades se dedican a la parcelación, venta y adquisición de fincas y terrenos, así como a la construcción de viviendas unifamiliares en la comarca axárquica. El tercero es un promotor inmobiliario de Rincón de la Victoria, que al parecer, según las fuentes, trabajó como aparejador en Alcaucín. El último es un constructor de Cartaya (Huelva). Está previsto que los arrestados sean puestos a disposición judicial mañana o el lunes para prestar declaración ante el juez.

Esta nueva operación contra la corrupción urbanística comenzó ocho meses atrás. El pasado verano agentes del Seprona denunciaron en un juzgado de Vélez-Málaga la supuesta actividad ilegal que se estaría produciendo en Alcaucín con la construcción de casas en terreno rústico no urbanizable.

Las investigaciones continuaron y aportaron nuevos e importantes indicios de que la actividad urbanística además de no ajustarse a la legalidad del planeamiento podría estar acompañada de supuestos pagos y comisiones a cargos públicos.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que ya había iniciado la investigación de una construcción supuestamente ilegal en el municipio de Alcaucín, tuvo conocimiento de los resultados de las pesquisas del Seprona, por lo que se unió toda la información a la misma causa que se instruía en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que ya tenía diligencias abiertas. Al mismo tiempo, el caso era trasladado a la Fiscalía Anticorrupción ante la posible existencia de una trama de corrupción urbanística en la que estarían implicados cargos públicos y funcionarios.