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Maite Zaldívar, con su abogado Alfredo Herrera.:: Salvador Salas
Marbella

El abogado de Maite Zaldívar estudia querellarse por injurias contra la fiscal del 'caso Pantoja'

Alfredo Herrera pide amparo al Colegio de Abogados por las acusaciones de mala fe y desidia procesal vertidas por el Ministerio Público

MONTSE MARTÍN

Martes, 17 de julio 2012, 09:13

El juicio por blanqueo de capitales contra la cantante Isabel Pantoja, su expareja Julián Muñoz y la exmujer de éste, Maite Zaldívar, no comenzará formalmente hasta octubre, pero el debate de las cuestiones previas a la vista oral se está enredando de manera inusitada. Las recientes acusaciones de deslealtad y desidia procesal contra el abogado de Maite Zaldívar vertidas por la fiscal del caso en un escrito dirigido tribunal han provocado la sorpresa e indignación del letrado que amenaza ahora con querellarse contra la representante del Ministerio Público por injurias. De momento, Alfredo Herrera, letrado de Maite Zaldívar y su hermano Jesús, ya ha solicitado amparo al Colegio de Abogados.

Este incidente entre la acusación pública y la defensa de Maite Zaldívar tiene su origen en el escrito presentado por la fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, María del Mar López-Herrero ante el tribunal que enjuicia el 'caso Pantoja' por el que impugna el auto dictado por la sala el pasado día 3. En esa resolución el tribunal aceptaba conceder de plazo hasta el 14 de septiembre para que las partes puedan examinar determinada documentación sobre piezas de convicción a la que no habían tenido acceso, tal y como expuso el abogado Alfredo Herrera como cuestión previa para no crear indefensión el pasado 28 de junio. A esta solicitud se sumaron todos los defensores.

En su escrito de impugnación, la fiscal acusó al abogado de haber omitido al tribunal algunos datos que ponían de manifiesto que sí había tenido acceso a esa documentación en 2010, dando entender que se trataba de una estrategia con la que se pretendía ganar tiempo para el juicio. La representes de la acusación pública puso en duda su buena fe procesal, achacándole falta de diligencia y deslealtad y manifestando que no debía confundir «desidia o dejadez de la parte procesal con indefensión». No obstante, casi a renglón seguido, la representante del Ministerio Público reconocía que Alfredo Herrera se había hecho cargo de la defensa de Zaldívar posteriormente y que esos datos a los que se refería eran conocidos no por él, sino por el abogado que le precedió.

Alfredo Herrera ha confirmado a SUR que estudia presentar una querella contra la fiscal porque «me siento injuriado». De momento, en su escrito de contestación al tribunal, el letrado afirma que las expresiones de la fiscal son «desconsideradas», constituyen un «injusto y grave menosprecio» a su honor y a su reconocimiento profesional y tienen un «desmesurado e incomprensible afán ofensivo».

Herrera afirma pese a que la fiscal reconoce que se refiere al anterior abogado de Maite Zaldívar, «insiste» en calificar como deslealtad ante el tribunal «lo que no ha sido sino un acto de buena fe procesal de este letrado». Así recuerda que precisamente planteó la petición de tiempo para examinar la documentación al comienzo de la vista oral «para evitar la declaración de nulidad que obligaría a suspender el juicio» y retrotraerlo al trámite del traslado de la causa y la calificación de las defensas «con el consiguiente descrédito que la demora en la celebración de la vista oral supondría para la justicia». Añade el abogado que si su propósito hubiera sido provocar una demora del juicio le habría bastado con solicitar la «suspensión por enfermedad». Así, aporta un certificado médico en el que acredita que fue operado de desprendimiento de retina y que en la fecha de comienzo del juicio tenía que estar en situación de completo reposo.

En su escrito al Colegio de Abogados, Herrera afirma que las manifestaciones de la fiscal constituyen «una injerencia ilegítima en la libertad de defensa» consagrada como derecho fundamental en la Constitución.

Malaya

Por otra parte, los letrados defensores de dos exediles del Ayuntamiento de Marbella, dos directivos de empresa, el administrador de una sociedad y un abogado cuestionaron ayer los informes policiales en los que se apoyan las acusaciones y pusieron de manifiesto que no existe prueba de cargo contra sus clientes.

El abogado de exedil del Partido Andalucista Pedro Pérez, acusado de cohecho y malversación, aseguró que no existe prueba de cargo contra él y, sí de descargo que demuestra la inocencia tanto del exconcejal como de los otros tres imputados a los que defiende: el abogado Juan Hoffman y los directivos Gonzalo Astorqui y Julio Blasco.

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