Una cárcel construida con polémica

La empresa Entrecanales y Tavora fue la adjudicataria de los trabajos de realización de la penitenciaria, por un valor de 1.700 millones de pesetas. El proyecto contemplaba que la prisión tendría capacidad para 800 internos (750 hombres y 50 mujeres) y dispondría de talleres ocupacionales, campo de fútbol, salón de actos y dependencias especiales para toxicómanos. La iniciativa contó con el rechazo frontal de Alhaurín de la Torre. El entonces alcalde del pueblo, Antonio Vega, fue muy beligerante con el Ministerio de Justicia. Hubo protestas, huelgas, cortes de carretera y hasta enfrentamientos con la Guardia Civil.

Con relativa calma, pero sin la presencia de Antonio Vega, la cárcel se inauguró el 2 de diciembre de 1991, en un acto presidido por el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra Salcedo, que reconoció que el centro penitenciario -cuyo coste fue de unos 5.000 millones de pesetas- se abriría casi al límite de su capacidad.

El ministro estuvo acompañado, entre otros, por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción; el gobernador civil de la provincia, Francisco Rodríguez Caracuel; el director de la prisión de Málaga, Manuel Pérez Flores, y el arquitecto autor del proyecto, José Luis Rodríguez Noriega. No faltaron tampoco el Defensor del Pueblo Andaluz, Manuel Conde Pumpido, y el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Rodríguez López.

No visitaron el pueblo

Las autoridades no visitaron Alhaurín de la Torre, lo que evidenció las malas relaciones con el Ayuntamiento. La comitiva llegó a la prisión por una carretera secundaria, que se encontraba en un estado lamentable. De la Quadra Salcedo criticó la actitud del alcalde de la localidad. «Me parece muy negativa su posición. Se ha movido más en hipótesis que en realidades. Las prisiones hay que ponerlas en algún sitio», dijo. Vega, por su parte, calificó la jornada inaugural de «día de luto». Recalcó que se había pisoteado el sentir de los habitantes de Alhaurín, ya que existía un rechazo mayoritario en el pueblo a la construcción del centro penitenciario. Entre las quejas que expuso estaba que ni siquiera se había habilitado una línea de transporte público directa con Málaga.

El traslado de los presos desde la antigua cárcel de la carretera de Cártama comenzó el 23 de enero de 1992. Guardias civiles de Sevilla participaron en la tarea de llevar a los reclusos a la nueva prisión. Comisiones Obreras denunció que el trasladó se hizo sin medidas de seguridad suficientes. La polémica continuó al saberse que la cárcel, a los dos meses de su inauguración y tres semanas después de recibir a los internos, debía ser restaurada, porque tenía graves deficiencias técnicas y urbanísticas. Goteras, cortes de fluido eléctrico, cañerías atoradas, tuberías rotas y escasez de agua potable eran algunos de problemas que surgieron.