La Cónsula y La Fonda, en la cuenta atrás

Después de tres años de problemas y de promesas incumplidas, los trabajadores se agarran a esta nueva fórmula como tabla de salvación. «No nos queda más remedio que creernos lo que nos dicen», comentaban el viernes, sin demasiado entusiasmo, al salir de la reunión con el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, y el director general de Formación para el Empleo, Manuel García, en la que se les había informado de esa hoja de ruta y de los plazos previstos para la integración en el SAE o, lo que es lo mismo, para que haya garantías en cuanto a la formación de los estudiantes y tranquilidad en el futuro de los trabajadores.

Los planes de la Consejería de Empleo pasan por adelantar el calendario de la integración, de manera que lo que iba a ser un proceso mediante pasos consecutivos, se va a hacer de manera simultánea, con lo que se logra ahorrar tiempo. La presión ciudadana, las movilizaciones, la convocatoria de manifestaciones en momentos políticos de máxima tensión y de expectativas personales, han sido elementos que han doblegado la voluntad y cerrazón de algunos responsables de la Consejería de Empleo, que negaban una y otra vez soluciones que no pasaran por el cumplimiento, en pasos sucesivos, de tres condiciones inexcusables: las operaciones de liquidación de los consorcios, la elaboración de una auditoría y la cesión global de activos y pasivos al SAE. Por este orden y una tras otras. De esta manera, la integración no sería posible hasta mediados de febrero o principios de marzo. Con las escuelas cerradas hasta esas fechas, los alumnos ya se mostraban convencidos de que este curso se perdería y los profesores, de que sería necesario que repitieran curso.

Así se reafirmó el mismo lunes en otra de las muchas reuniones que se han mantenido con los trabajadores y alumnos a lo largo de la semana. Una postura de firmeza que duró hasta el jueves. A primera hora de la mañana, desde el gabinete de la consejería se llamaba a los medios de comunicación para adelantar la solución a la que se había llegado para recuperar la normalidad cuanto antes y que no se pierda el curso. Por cierto, fue la Junta la que ordenó que se abriera la matriculación de alumnos en las dos escuelas, pero luego no las dotó de presupuesto para funcionar. Ni tampoco ha aportado el dinero necesario aunque el consejo rector, en el que tiene mayoría la Junta, había aprobado el correspondiente presupuesto. «No encontramos el instrumento financiero necesario», decían desde el SAEcuando los liquidadores les reclamaban su parte del presupuesto. De esta manera, las escuelas estaban abocadas al cierre al gastar el poco dinero que aportaron a ese presupuesto los ayuntamientos, también partícipes del consorcio.

Pero es un proceso en el que se requiere la «responsabilidad de todos los actores», según remarcaron desde el departamento que dirige el malagueño José Sánchez Maldonado, es decir, tanto la consejería y el Servicio Andaluz de Empleo, como de los liquidadores de las dos escuelas y los auditores.

Convocado consejo rector

Según el plan trazado, una de las fechas más importantes será este miércoles día 20. Este día los liquidadores de La Cónsula y La Fonda deberán presentar a los respectivos consejos rectores (en los que están representados la Junta y los ayuntamientos) el acuerdo de cesión global de activos y pasivos al SAE. Esto quiere decir que este organismo de la Consejería de Empleo adquiere en bloque todo el patrimonio de los actuales consorcio, a título de sucesión universal, es decir, asume los bienes pero también las deudas, así como a los trabajadores, que pasan a ser personal laboral del SAE.

La convocatoria, extraordinaria y urgente, de estos consejos rectores de La Cónsula y La Fonda se firmó el viernes por los respectivos presidentes, José Luis Ruiz Espejo y Francisca Montiel, y fueron remitidas a los secretarios de los respectivos ayuntamientos, para que sea notificada mañana lunes a los miembros de los consejos.

Para el 27 o 28 estará entregada la auditoría, según el compromiso de la empresa auditora. La cesión de activos de este miércoles se hará condicionada a la auditoría final, que se incorpora posteriormente como un documento que perfecciona el acuerdo de cesión global.

Para los empleados del CIOMijas, el futuro sigue siendo una incógnita. El SAE baraja varias opciones para retomar la actividad en ese centro, en el que se gastaron 34 millones de euros. Pero de momento no han podido ofrecer a los trabajadores (a los que se deben 17 nóminas) una solución.