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Les dijo una y otra vez que las plazas de garaje estaban libres de carga y que tan solo faltaba la cancelación registral de los préstamos, pero no era cierto. Los veinte aparcamientos, así como otras tantas propiedades que gestionaba el vendedor, seguían estando vinculados a un crédito de tipo hipotecario que fue ejecutado dos años después de la venta de las plazas. El resultado: veinte personas se han visto afectadas por lo que la Fiscalía califica de un delito de estafa continuada.
Los hechos se produjeron en San Pedro de Alcántara, Marbella, entre los años 2009 y 2010. Todos los aparcamientos se vendieron en una misma finca por precios que oscilaron entre los 13.000 y los 24.000 euros, según indica el fiscal en su escrito de calificación. Al cabo del tiempo, la entidad bancaria que había suscrito las hipotecas decidió recuperar los inmuebles ante los impagos de la empresa que regentaba el ahora procesado. El total de la deuda (de los garajes y otros inmuebles) superaba los once millones de euros.
Por todo ello, el Ministerio Público solicita para el acusado una pena de cinco años de prisión, además de doce meses de multa a razón de 20 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal considera que deberá responder abonando las cuantías que se fijen durante el procedimiento.
En caso de que el empresario no reconozca la acusación y se celebre una vista pública, se prevé que sea un proceso especialmente extenso. La Fiscalía ha propuesto como testigos a los veinte damnificados, que se subirán al estrado para relatar su experiencia con el acusado.
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