Una pareja con 40 seguros de los muertos a su nombre pide cárcel para su asesor por estafarlos

Según el escrito del Ministerio Público, el procesado desempeñó sus funciones como agente de seguros para la entidad Generali entre los años 2016 y 2021. Lo ayudaba su esposa, que se sentará con él en el banquillo para responder de los mismos cargos. De hecho, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el letrado Manuel Romeo Narváez, del despacho 13 Abogados, en representación de la familia, solicitan exactamente la misma pena que para su marido, cinco años de prisión.

El escrito de conclusiones provisionales resume que la pareja acusada, con ánimo de obtener un «beneficio injusto», habría llevado a cabo diversas operaciones por las que obtuvieron «indebidamente» ingresos que causaron un perjuicio al matrimonio formado por Miguel Galo y María Teresa Zaragoza, que viven de la hostelería. Su restaurante, El Deo, estaba en la playa del mismo nombre, en la zona de El Palo, aunque se mudó hace unos años a Rincón de la Victoria.

La presunta estafa pudo perpetrarse porque el agente de seguros gestionaba todas las pólizas del negocio y de la familia, «siendo poseedor de todos sus datos personales y bancarios y aprovechando la relación de confianza y crédito profesional que tenía con los perjudicados», recalca la Fiscalía.

Los dos acusados, empleando las claves que el gestor tenía asignadas para operar en el sistema informático de la compañía, «dieron de alta de forma telemática varias pólizas inauténticas» en las que figuraba como tomadora del seguro una tercera persona. Y los recibos los cargaban a la cuenta del Banco Santander cuyos titulares eran Maite y Miguel, quienes le habían autorizado a utilizarla, pero siempre de buena fue y para que realizara cargos reales, según se desprende del escrito acusatorio.

La Fiscalía sostiene que la pareja acusada también grabó en el sistema informático de la compañía varios contratos de seguros en los que figuraban como tomadores Maite y su marido Miguel «sin que éstos hubieran consentido realizar tales contrataciones ni pagar dichas primas», que les cargaron en su cuenta bancaria sin que ellos lo supieran. De este modo, habrían defraudado a las víctimas la suma de 28.382 euros.

Tal y como adelantó este periódico cuando se hizo eco de la investigación en curso, el matrimonio de hosteleros usaba esa cuenta del Santander para realizar todos los pagos y cobros del restaurante, por lo que realizaban desde ahí numerosas transacciones que daban lugar a un elevado número de movimientos.

Eso hizo -argumenta el matrimonio- que los cargos fraudulentos pasaran inadvertidos y no se percataran del volumen de seguros que llegaron a tener contratados sin su consentimiento ni su conocimiento. «Nos dimos cuenta de todo al cerrar el negocio con motivo de la pandemia», explicaba entonces Maite Zaragoza.

Al frenarse en seco su actividad por el confinamiento, el balance de ingresos-gastos, que hasta entonces había dejado un saldo positivo para la familia, pasó a situarlos en números rojos. «Tuvimos que pedir un préstamo porque nos encontramos sin dinero para sobrevivir», se lamentaba Miguel Galo a este diario.

Respecto a los acusados, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan una pena de cinco años de cárcel y una multa de 11 meses con una cuota diaria de 10 euros, lo que equivale a 3.300 euros. Además, piden que la pareja indemnice a los afectados con la suma de 28.382 euros y consideran a Generali responsable civil subsidiario.

La compañía Generali ya ha consignado en la cuenta del juzgado la cantidad de 12.824 para «reparar» el perjuicio causado a las víctimas. En su día, el letrado Eduardo Ruiz Martín, del despacho GVA Abogados, en representación de Generali, argumentó que la compañía se sentía tan perjudicada como los denunciantes porque tiene una red de comerciales de plena confianza sin que se hayan producido estas incidencias, por lo que se sienten engañados por uno de ellos.