Una familia denuncia que su agente de seguros contrató 40 pólizas de decesos a su cargo sin su consentimiento

Fue en la pandemia cuando se dieron cuenta de todo. Cuando la Covid-19 obligó al mundo a confinarse y a ellos a bajar la persiana del restaurante, el volumen de movimientos de aquella cuenta corriente cayó tan en picado como su negocio. Y el balance de ingresos-gastos, que hasta entonces había dejado un saldo positivo, pasó a situarlos en números rojos. «Tuvimos que pedir un préstamo porque nos encontramos sin dinero para sobrevivir», se queja amargamente Miguel Galo, que se aparta unos minutos de los fogones para contar a SUR el calvario que aseguran haber vivido.

La familia sostiene que el agente de seguros, un hombre que hasta entonces había sido de su absoluta confianza, pudo suscribir medio centenar de pólizas con cargo a su cuenta corriente, pero sin su consentimiento. «Entre mi marido y yo hemos llegado a tener 40 seguros de decesos», dice María Teresa Zaragoza, que acudió a comisaría con su esposo y su hija para denunciar la supuesta estafa, que cifran en 34.860,38 euros.

Esa primera denuncia data del 5 de mayo de 2021. Miguel Galo explica en ella que, como son «personas confiadas», no solían mirar los cargos de la cuenta hasta que se quedaron sin dinero en plena pandemia. Con ayuda de unos familiares, revisaron uno a uno todos los movimientos y descubrieron que habían pagado numerosas pólizas de seguros que, según mantienen, ellos no habían suscrito y que estaban a nombre de terceras personas, incluido su propio agente de seguros y la esposa de éste.

«Cuando empezamos a quedarnos sin saldo en la cuenta, se lo comenté a mi hermana -explica María Teresa- y ella revisó nuestra contabilidad. Nada más empezar, nos dijo que el gestor nos cobraba mucho por los seguros. Vio cinco o seis recibos seguidos y le extrañó. Entonces empezó a abrir los archivos PDF -el justificante asociado al cargo- y vimos que eran recibos de tres casas en la playa, un chalé, un barco, un coche... ».

El matrimonio afirma que, de no ser por la pandemia, habrían tardado en darse cuenta. «Para nosotros era una persona de absoluta confianza. Teníamos los seguros con él desde el año 2011: todo lo del restaurante, la furgoneta, etc. No nos lo queríamos creer, porque lo considerábamos un amigo. Y mira por dónde, el seguro de su coche y el de su mujer lo estábamos pagando nosotros», explica María Teresa.

Los afectados señalan también a la compañía -Generali Seguros- por no detectar la presunta estafa, según la denuncia, formulada por el letrado Manuel L. Romeo Narváez, del despacho 13 Abogados, que representa a los perjudicados. También adjuntaron a la misma una supuesta conversación de WhatsApp mantenida entre la hija de los hosteleros y el denunciado en la cual el gestor habría confesado los hechos.

Consultado al respecto, el letrado Eduardo Ruiz Martín, del despacho GVA Abogados, que asiste a Generali Seguros en la causa, afirma que la compañía se siente tan perjudicada como los denunciantes porque tiene una red de comerciales de plena confianza que dan de alta y de baja las pólizas, sin que se hayan producido estas incidencias, de manera que se sienten engañados por uno de ellos.

El abogado matiza que el investigado hizo «cosas indebidas», como él mismo habría reconocido, de las que la empresa no tuvo conocimiento hasta que saltaron las alarmas por la denuncia de los afectados. Una vez que eso sucedió, Generali revisó minuciosamente todos los contratos para comprobar qué responsabilidad tiene.

En este punto, existen «divergencias» sobre la cuantía económica del perjuicio ocasionado a la familia de hosteleros. Según los cálculos de la aseguradora, ascendería a unos 12.000 euros, frente a los 34.860 que ellos reclaman. De hecho, Generali ya ha consignado la cifra que reconoce -los 12.000 euros- en la cuenta del juzgado en aras de un posible acuerdo sobre la responsabilidad civil derivada del caso.

Aparte de la vía civil, el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial abrió una investigación sobre estos hechos por un supuesto delito de estafa. El primer paso de los agentes fue solicitar a Generali Seguros la documentación relacionada con los seguros pagados por la familia y gestionados, aparentemente, por el mismo comercial. Los agentes resumieron meses de trabajo en un informe en el que concluían que podía haber al menos 55 pólizas falsas, según ha podido confirmar SUR.

Además de la contratación a nombre de los denunciantes de seguros que no habían solicitado, y que no necesitaban para nada, la policía detectó un segundo modus operandi en la supuesta estafa: cuando una póliza de un tercero no podía ser cobrada, bien por un fallo o por la devolución del recibo, el corredor y/o su mujer habrían puesto como medio de pago el cargo a la cuenta bancaria de los hosteleros.

Los investigadores citaron en calidad de testigo al director de la oficina a la que estaba asignado el comercial, quien prestó declaración sobre lo ocurrido. Según dijo, él tuvo conocimiento de lo que estaba pasando cuando María Teresa y Miguel se lo contaron. El responsable de la oficina manifestó ante la policía que el gestor tenía autonomía a la hora de contratar este tipo de pólizas y que, cuando él lo llamó para pedirle explicaciones, el comercial le dijo que asumía la responsabilidad de todo.

El director de la oficina declaró a los agentes que, según le contó el gestor, era su mujer quien llevaba la contabilidad de lo que él contrataba y, por tanto, controlaba la emisión de recibos y la facturación. Si alguna vez le llegaba uno devuelto, dijo, ella volvía a emitirlo, pero poniendo como cuenta de cargo la de la familia Galo Zaragoza.

El responsable de la oficina de Generali a la que estaba adscrito el comercial indicó que en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos derivaron su cartera de clientes a otro compañero, se le bloqueó el acceso a la contabilidad y se le rescindió el contrato.

A la vista de estos hechos, los policías del Grupo II de Delitos Económicos citaron al agente de seguros y a su mujer y les leyeron los derechos como detenidos por un presunto delito de estafa. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar y fueron puestos en libertad ese mismo día en la comisaría. Este periódico se ha puesto en contacto con el comercial investigado para conocer su versión. Rehusó pronunciarse al respecto por consejo de su abogada y porque, dijo, hay un proceso judicial abierto.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron que la causa permanece abierta en el Juzgado número 5 de Málaga, donde continúa en fase de instrucción y pendiente de «diligencias de investigación».

Respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo, la Fiscalía se pronunció el pasado mes de mayo oponiéndose al mismo al tratarse de una posible «estafa cualificada», cuya pena de prisión se extiende hasta los seis años. «Ello excluye la posibilidad de emitir una conformidad en este momento procesal», concluyó el Ministerio Público.