Ocho apellidos franquistas

En Llanos del Caudillo, un pequeño pueblo de Ciudad Real de 750 habitantes, el último vestigio que queda de la dictadura franquista es su apellido. Aunque nació bajo el paraguas del Plan Nacional de Colonización para reactivar el maltrecho sector agrícola de la posguerra, si uno se pasea por sus calles no encontrará ni placas ni esculturas ni otro símbolo que rememore esa época. De la herencia franquista solo le queda su denominación y en manos de la justicia está perderla. «Acataremos cualquier decisión judicial», asegura su alcalde, Andrés Arroyo, que reconoce que en el pueblo «ya están cansados del tema». Les gustaría salir en los medios por los proyectos que se han conseguido para el municipio o los que verán la luz en un futuro, «como ser el único pueblo con alumbrado LED», explica.

El regidor, del PP y que llegó al cargo tras las municipales de 2015, recibió hace apenas dos meses la denuncia que interpuso en febrero el abogado Eduardo Ranz contra él y otros siete alcaldes de pueblos con topónimos franquistas por «incitación al odio», un delito que conlleva una pena de hasta cuatro años de prisión. Es su caso y el de San Leonardo de Yagüe (Soria), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo (Badajoz), Alberche del Caudillo (Toledo) y Villafranco del Guadalhorce en Málaga.

Hasta la fecha nadie les había obligado a desprenderse de sus apellidos, pero Ranz se ha propuesto que todos los municipios apliquen la ley de Memoria Histórica a rajatabla. «Es una ofensa homenajear a protagonistas de una dictadura», sostiene en su escrito el letrado. La norma, vigente desde 2007, señala en su artículo 15 que los gobiernos locales están obligados a retirar todos los símbolos que se refieran a la dictadura. Advierte además de la «retirada de subvenciones o ayudas públicas» para aquellas administraciones que se nieguen a cumplir la normativa. Con este argumentario legal, el abogado madrileño se dirigió a la Federación Española de Municipios y Provincias para que retirase las subvenciones a los municipios díscolos. «Cambiar los nombres vinculados con la dictadura franquista es una cuestión de dignidad y de legalidad», alega Ranz.

Jornaleros fusilados

La ofensiva legal ha surtido efecto hasta ahora en Queipo de Llano (Sevilla), que decidió suprimir el recuerdo al general franquista que le daba nombre por el de Cinco de la Riuela, en homenaje a los cinco jornaleros fusilados tras el golpe de estado del 18 de julio. Solo queda que el Instituto Nacional de Estadística registre el nuevo topónimo. Los mismos pasos siguió primero Bembézar del Caudillo, una pedanía cordobesa que eliminó el pasado agosto el apellido franquista y por último Águeda del Caudillo, la localidad que Francisco Franco inauguró junto a Carmen Polo en mayo de 1954 y que también se deshizo del topónimo este verano.

Antes de éstas, hubo otras poblaciones como Consolación en Ciudad Real (antes Villanueva de Franco), Isla Mayor en Sevilla (Villafranco del Guadalquivir) o Puigmoreno en Teruel (Campillo de Franco) que, sin estar presionadas por la ley, decidieron por propia iniciativa dejar de homenajear al dictador, de cuya muerte se cumplen hoy 41 años.

No será el caso de Llanos de Caudillo, que de momento no tienen intención de cambiar su apellido de forma voluntaria. De verse obligados a hacerlo, el alcalde asevera que primero se haría una consulta para dar opción a los vecinos a elegir el nombre para la localidad. De hecho, hace años ya se realizó una consulta popular para suprimir el del Caudillo, y ganó el no. Arroyo tiene ya en mente una nueva denominación para el pueblo, pero prefiere no desvelarla porque sería, dice, «adelantar acontecimientos».