La paralización de la EDAR Norte de Málaga deja en el aire la mayor obra hidráulica que Andalucía tenía en marcha

El recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2022 por la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas hacía alusión al incumplimiento de varias normativas. El texto aludía, en síntesis, a la falta de competencia de la Junta de Andalucía para aprobar el proyecto de la depuradora; a la ubicación de la infraestructura en zona inundable. y a las supuestas carencias del estudio de impacto ambiental. En el texto que da la razón a los vecinos, se argumenta que los diferentes emplazamientos analizados para instalar esta gran depuradora metropolitana se ciñen a argumentos económicos pero que no existe una profundidad ambiental.

«[...] Concretamente por la que sitúa la EDAR en la Vega de Mestanza, se pone de relieve que han sido motivos exclusivamente económicos los que han decidido la elección, así se recoge en las conclusiones de la justificación de la elección de la alternativa seleccionada: Que la alternativa que menos contraindicaciones ofrece es la alternativa 2 pues es la mas económica, tanto por la longitud de los colectores como por la expropiación para la ejecución de los mismos, pues comparada con la alternativa 1 bis, parcela no inundable, ésta es mucho mas costosa», señala la sentencia, analizada por SUR. «Pues bien de un examen de las razones que arguyen para desechar cualquiera de dichas alternativas se evidencia, por un lado que básicamente son razones de tipo económico las que conducen a no tener por idónea cualquiera de las otras alternativas, y por otro que con respecto a ellas se omite no solo todo estudio medio ambiental del que pudiera concluirse que la ubicación en cualquiera de ellas causaría mayor impacto al medio ambiente [...]», prosigue el texto.

Los recurrentes alegaban que era una competencia estatal la aprobación del anteproyecto, algo que el TSJA no ha estimado, al considerarlo un potestad compartida: «En definitiva, se trata de un supuesto de competencia compartidas en el que la normativa básica corresponde al Estado, sin que se haya acreditado que la normativa de desarrollo de la Comunidad Autónoma haya vulnerado dicha normativa básica».

Otro de los ejes del recurso se refería al incumplimiento de normas urbanísticas como el Plan General de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum). Esto también se desestima: «No se han infringido los principios de seguridad jurídica, confianza legitima y buena fe, pues en definitiva el anteproyecto [...], desde un punto de vista formal y de jerarquía normativa, no infringe las disposiciones del Potaum».

La sentencia también señala las particularidades ambientales de la Vega: «Estudio que en el caso que nos ocupa debió de extremarse teniendo en cuenta que la Vega de Mestanza ha sido nombrada oficialmente como parte del Corredor Biológico Mundial, pasando a ser un punto estratégico del mismo, al ser elegido como Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial por su alto valor ecológico, no pudiendo argüirse que al ser una mera iniciativa carece de relevancia, pues sin desconocer que ello es así, no quiere decir que no deba de tenerse en cuenta a la hora de, entre las distintas alternativas, decantarse por la Vega de Mestanza, de manera que el análisis medio ambiental debió de extenderse a las otras alternativas con la misma intensidad».

A falta de conocer los efectos de esta última resolución, la Junta ha manifestado que estudiará el fallo judicial pero muestra ya su preocupación por las consecuencias medioambientales de seguir vertiendo aguas sin depurar en el río Guadalhorce. Según ha explicado en un comunicado, el respeto de la sentencia no mitiga la preocupación de la Consejería de Agricultura ante las consecuencias medioambientales que implica esta decisión. Sin estación depuradora, se van a seguir vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales de los municipios de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes. Esta decisión también tiene consecuencias para la salud pública de quienes viven en el entorno del río y un perjuicio económico para la Junta de Andalucía que va a seguir pagando sanciones por la no depuración de estas aguas residuales.

De hecho, la administración regional paga una multa anual de casi 1,3 millones por incumplir la normativa de depuración de aguas europea en esta zona. El freno al desarrollo social y económico de la comarca es otra de las consecuencias que tendría la no construcción de esta estación depuradora de aguas residuales, una infraestructura cuyo proyecto «se ha guiado siempre por criterios técnicos, así como por el cumplimiento de la Directiva Europea de Aguas». «El objetivo del Gobierno andaluz ha sido siempre mejorar la calidad de las aguas. La EDAR Norte de Málaga es una obra que protege al medio ambiente y que se lleva a cabo para evitar daños medioambientales», entiende el consejero Ramón Fernández-Pacheco.

La sentencia condena parcialmente en costas a la Junta de Andalucía y tasa dichos gastos en 6.000 euros.

La depuradora Norte dará servicio a la ampliación de Málaga capital, Alhaurín el Grande, Torremolinos, Cártama y Alhaurín de la Torre. Los cinco municipios firmaron un convenio para la gestión y explotación de esta obra, pendiente desde hace décadas. Las instalaciones serán administradas por Emasa, pero aún falta determinar la fórmula jurídica correspondiente.

En los últimos días, las obras han sufrido también paralizaciones diversas por un incendio que quemó gran parte de la maquinaria pesada y por supuestas amenazas a trabajadores de las subcontratas. Ambas cuestiones están en manos de la Policía.

Las empresas adjudicatarias de proyecto y obra resultaron ser Sando, Dinotec y Aquambiente. De hecho, rehicieron el proyecto y rebajaron un 30% la huella física de la depuradora y en más de 4.000 los cítricos afectados.