Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad

Rocío Roca, abogada de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, explica el proceso desde el principio, desde que una embarcación en la que viajan migrantes toca el litoral español y es interceptada por la Guardia Civil o cualquier otra fuerza del orden. En ese punto, cuenta Roca, se asiste a las personas y se les pregunta si van a ser solicitantes de asilo (si van a pedir el estatus de refugiado), o no. Un abogado de oficio les asesora y les prepara alegaciones contra su posible devolución (causas humanitarias, que tienen familia en España…). Y se les ubica en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante un máximo de 60 días. Si en ese plazo no han sido devueltos a su país, quedan en libertad. El escenario más probable es que el migrante permanezca en España. Las autoridades no pueden devolver a ninguna persona si no lleva documentación y no se sabe de dónde viene. Tampoco es fácil ejecutar la devolución si el Estado de procedencia no tiene un convenio de extradición con España. A ello se puede sumar que el país de origen esté muy lejos y la logística sea muy costosa económicamente.

¿Qué sucede a partir de ese momento, desde que la persona sale del CIE y se puede mover con libertad por España? Según explica Roca, muchas veces busca asociaciones y asesoramiento. También, a compatriotas que estén viviendo en el país. Y lo que se les aconseja es que se empadronen cuanto antes y que guarden documentos y pruebas que acrediten no sólo que viven en Málaga, en España, sino que están buscando arraigo aquí. Lo que establece la norma es que, para pedir la residencia –y el permiso de trabajo–, hay que aportar el empadronamiento y probar la permanencia en territorio español durante al menos los dos años anteriores –hasta hace poco eran tres– a la presentación de la solicitud. Durante ese tiempo, las ausencias de España no podrán superar los noventa días naturales.

Figurar en el padrón es esencial. De ahí que, como atestigua Roca, hay quien vende a 300 o 400 euros la posibilidad de empadronarse en un piso en Málaga. Aunque los ayuntamientos a veces facilitan las cosas a los más vulnerables: las personas sin hogar que usen del albergue municipal pueden declarar que ese es su domicilio. Y además existe el empadronamiento por exclusión social.

En todo caso, desde que se figura en el padrón hasta que se puede obtener la residencia (y el permiso de trabajo) pasan, como mínimo, dos años, por lo que Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, señala que los migrantes «están casi obligados por la ley a estar en situación de exclusión social». Y, en el mundo laboral, añade Roca, «quedan abocados a la explotación».

El mismo diagnóstico es el que realizan fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Málaga: «Las personas se quedan en España, pero totalmente ajenas a la realidad administrativa. Así que trabajan de manera irregular en el campo, en la hostelería o en el servicio doméstico. Malviven hasta que pueden acceder a regularizar su situación de acuerdo con la ley de extranjería. No pueden hacer otra cosa. Porque el empadronamiento sólo sirve para que el Ayuntamiento sepa cuántas personas viven en su localidad y para ubicar el colegio y el centro de salud que te toca. No da derecho a ningún tipo de ayuda, salvo a acceder al banco de alimentos del barrio».

Desde CEAR precisan que hay algo que es diferente para los solicitantes de asilo: una vez que han realizado la petición de protección internacional, pueden trabajar legalmente hasta que se resuelva el procedimiento. Aunque si se les deniega ese estatus, pierden el derecho a trabajar y comienzan de cero la solicitud de residencia, así que al tiempo que hayan estado esperando tienen que sumar los otros dos años reglamentarios.

Roca afirma que una manera de resolver el atolladero en que están las personas migrantes que llegan a España es que en esos dos años en que tienen que construir su arraigo en el país puedan trabajar y tengan un permiso de empleo temporal. Porque, como apuntan fuentes de CEAR, la contratación en origen no es una salida realista: «Las vías legales de llegar a España son en la práctica inexistentes».

Ésta, la de vivir en Málaga, la de incluso estar empadronado, pero sin permiso de residencia ni de trabajo, es una situación en la que estarían más de 55.000 personas en la provincia. O, siendo más precisos, es una situación en la que a principios de 2024 –fecha en la que se puede hacer el cálculo con información comparable– habría más de 55.000 personas. Para llegar a esta cifra, SUR ha tomado el censo de población del INE que usa el padrón como fuente y lo ha comparado con la estadística de personas con permiso de residencia del Ministerio de Inclusión. Del censo se han tomado, entre los extranjeros, a quienes conservan la nacionalidad de los Estados que constan en el estudio de Inclusión como referencia, porque tras diez años en el país se puede optar a la nacionalidad española –desde 2013, más de 50.000 personas han obtenido la ciudadanía española en Málaga–. Para relativizar la importancia del dato hay que tener en cuenta que en las mismas fechas había más de 414.000 personas extranjeras residiendo en la provincia.

Ésta es sólo una aproximación de trazo grueso a la cifra de quienes están en situación irregular, dado que ninguna estadística puede capturar el número de residentes no empadronados, y hay gente que tiene dificultades para cumplimentar este trámite. Además, se da la circunstancia de que en algunas nacionalidades son más quienes tienen permiso de residencia en Málaga que quienes están aquí empadronados, como pasa con ucranianos y chinos, por ejemplo, que han podido cambiar de domicilio. Asimismo, en este 'gap' entre empadronados y quienes tienen permiso de residencia, no están sólo aquellos en edad de trabajar, también hay menores y gente en todo tipo de situaciones, y contaría como 'irregular' la gente inmersa en el procedimiento hacia la concesión del asilo y sólo en 2024, según datos de CEAR, fueron más de 8.000 personas quienes lo iniciaron en la provincia.

Una de las salidas para las personas que se quedan atrapadas en la irregularidad, en ese limbo administrativo en el que no pueden residir ni trabajar aquí legalmente, es el top manta, la venta ambulante en muchos casos de productos falsificados. Es una actividad ilegal, un delito, según el Código Penal, que impone penas de prisión o multas para fabricantes, distribuidores y también para el último eslabón de la cadena, para los manteros: «La venta ambulante u ocasional de los productos (…) será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener (…) el juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días».

Ahmed Khalifa explica que las personas inmigrantes que al llegar a España entran en esta actividad lo hacen por las redes de solidaridad que tienen con sus compatriotas. Así que, para empezar, les ceden mercancías que luego les tienen que devolver. Aunque el retrato que pinta José Luis Gómez, jefe de Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Policía Nacional, es distinta: afirma que se trata de organizaciones criminales de estructura piramidal que explotan a los manteros, aprovechando su situación irregular. Isidro Almendros, inspector jefe del grupo segundo de delitos económicos de la Policía Nacional, ya desde Málaga, explica que la red incluye a las fábricas chinas cuyas mercancías desembarcan en Algeciras o Barcelona, luego llegan a Málaga y se almacenan en naves, por ejemplo, del polígono del Guadalhorce. Mientras, las redes que la policía atribuye a ciudadanos de Senegal como grandes responsables, son las que tienen interlocución con los fabricantes chinos y controlan a quienes venden en la calle.

Gómez explica que el top manta se extiende por la costa desde Cádiz hasta Gerona y con puntos en Francia o en Italia. En Málaga capital, mientras, según Almendros, apenas se da el fenómeno, porque «se reprime mucho».

La policía a veces interviene por una denuncia de una marca que detecta la venta de falsificaciones de sus productos. Otras veces identifica dónde se guardan las mercancías. María Molina, asociada senior en Baylos, despacho de abogados especializado en propiedad industrial e intelectual, afirma que España cuenta con un marco normativo sólido y garantista para combatir la comercialización de productos falsificados. Pero agrega que en la práctica su aplicación se ve limitada por la falta de recursos materiales y humanos en localidades pequeñas, por la estructura piramidal con la que operan redes de falsificación, que dificulta la persecución de niveles superiores y deja el foco en los eslabones más bajos, lo que permite una respuesta inmediata, pero no erradica el problema. «Los vendedores ambulantes constituyen el último eslabón de la cadena, el más visible, pero también el más vulnerable», insiste Molina. Así que concluye: «El verdadero desafío está por lo tanto en atacar de raíz el problema: la desarticulación de estas redes estructuradas, y no únicamente en perseguir a quienes venden en la calle, que en muchos casos lo hacen por pura necesidad».