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El tejido empresarial malagueño y andaluz no confía en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para proveer sus puestos de trabajo en las empresas. Así de rotundo lo han afirmado en Málaga el viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Miguel Angel García Díaz, y la delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Carmen Sánchez Sierra, para dar conocer el balance de las 21 oficinas de empleo que existen la provincia e informar sobre los principales objetivos del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales en Andalucía, cuya principal finalidad es mejorar las políticas de empleo del Gobierno andaluz. García y Sánchez han coincidido en señalar que los empresarios no acuden al SAE para proveer los puestos de trabajo de sus empresas. En este sentido, han ofrecido como dato que sólo el 2,7% de los contratos que se realizan a través del SAE, y que el 97% de los mismos son ofertas de la administraciones públicas, mayoritariamente ayuntamientos que si confían en el Servicios Andaluz de Empleo para que la selección de los candidatos.
Según el viceconsejero, a través del Plan Director se quiere conseguir que el SAE sea útil para las empresas y que este deje de ser el lugar a donde van los desempleados «para ver qué pasa. Tenemos que ser útiles para las empresas», ha insistido García.
En este sentido, ha señalado que es conseguir un perfilado mejor de la demanda de empleo y de la oferta existente, para lo cual se va a realizar una licitación para dotar al SAE de las herramientas necesarias. Según García, de lo que se trata es introducir la cultura de la digitalización en el SAE en tres etapas: una primera, para contar con la información sobre la experiencia laboral y formación de los desempleados; una segunda, para poder prescribir cómo pueden ampliar sus formación y mejorar sus posibilidades de acceder a un trabajo, y tercero, para tratar de anticiparse a las modificaciones del tejido productivo.
Respecto a formación, el viceconsejero de Empleo existe un «histórico negro» y ha afirmado que desde 2011 a 2018 «no se ha hecho nada. Sólo ha habido una convocatoria por importe de 25 millones de euros». García ha declarado que durante este primer año de legislatura lo que ha hecho el nuevo Gobierno en Andalucía es contactar con empresas y a través de mesas sectoriales identificar contenidos, lo que ha dado como resultado los Bancos de Contenidos de Formación, que tendrá en cuenta para lanzar una primera oferta formativa de cursos de calidad y con seguridad jurídica.
Sobre el balance de 2019 del SAE en Málaga, Sánchez ha manifestado que las oficinas de empleo han atendido a 8.320 demandantes al mes en cada una, siendo la ratio por empleado público al mes de 759 demandantes. Asimismo ha indicado que se han gestionado 572.398 renovaciones de demandas,y se han registrado 5.482 ofertas que ofrecían 17.148 puestos de empleo y se han contratado un total de 15.293 candidatos. La práctica totalidad de los puestos ofretado han sido de administraciones públicas, sobre todo de ayuntamientos, según la delegada.
En relación a las oficinas, ha destacado el dispositivo especial para la atención de las empresas, formado por un equipo de 27 profesionales denominados Agentes de Empresa, cuyo cometido principal es prestar una atención personalizada a las entidades empleadoras en materia de recursos humanos y empleo. Estos 27 agentes de empresas, según Sierra, han tramitado a lo largo del año 2019 un total 1.873 anuncios de empleo que se publican en la web SAE para que los candidatos interesados puedan inscribirse directamente.
Con respecto al programa de orientación profesional, conocido como Red Andalucía Orienta, que está compuesta por un total de 186 orientadores, se han atendido un total de 22.644 personas, ofreciendo casi 100.000 horas (98.630) totales de atención entre sesiones individuales y grupales en el marco de los Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI).
Sierra se ha referido también al Programa de Prácticas Profesionales para el Empleo (EPES), a través del cual se han podido firmar 517 convenios con empresas de toda la provincia y de todos los sectores empresariales, «convenios que han hecho posible que 688 personas hayan realizado prácticas en empresas de una duración de que va desde 3 hasta 6 meses». Según la delegada, la cuantía que perciben mensualmente es 430,27 euros brutos (80% IPREM), con una duración de 20 horas a la semana. El programa está aún en vigor puesto que continua hasta el 26 de diciembre de 2020.
Sobre el servicio de Fomento del Empleo, Sánchez Sierra ha destacado la gestión de ayudas a las personas con discapacidad. En este sentido, ha manifestado que se ha trabajado para hacer posible tanto el mantenimiento de puestos de empleo como la creación de nuevos puestos para personas discapacitadas en Centros Especiales de Empleo. El programa ha beneficiado a un total de 78 Centros Especiales de Empleo, con 12,5 millones de euros, que han hecho posible el mantenimiento del puesto de trabajo de 3.291 trabajadores y la creación de 245 nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, el SAE ha trabajado en la creación de empleo indefinido de personas discapacitadas en empresas ordinarias, lo que ha supuesto un total de 32.407,00 euros, correspondientes a la creación de siete puestos de trabajo.
Respecto a los Planes de Empleo, de los que se han beneficiado 98 Ayuntamientos, la Consejería ha abonado en 2019 más de 22 millones habiéndose contratado durante dicho período a 1.622 trabajadores.
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