Juan José Hinojosa: «Subir impuestos a los ricos es más imagen y publicidad que recaudación efectiva»

–Como experto en Derecho Financiero y Tributario, ¿cómo valora el programa económico que está defendiendo el candidato socialista en esta sesión de investidura?

–En términos generales, y como corresponde a los socios del futuro gobierno, es un plan económico de carácter social, volcado en aspectos del Estado del Bienestar y en políticas sociales, como pensiones, alquileres, reforma laboral o subida del salario mínimo. Comprendo que hay quienes piensen que esas medidas en la coyuntura actual pueden provocar unos efectos no deseados en otros aspectos macroeconómicos que terminen repercutiendo negativamente en las propias políticas sociales. Pero cuidado, el hecho de que se haga un programa marco que pretenda ser social, volcado en los más desfavorecidos, no significa que luego la aplicación concreta de esas medidas resulte eficaz.

–Una de las propuestas más publicitada es la subida de impuestos a los ricos. ¿Cree que será efectiva en términos recaudatorios?

–Es una medida que desde el punto de vista de la promoción del modelo económico del gobierno de coalición es muy vistosa. Pero no hay que olvidar que la gente realmente rica, que los hay, obtienen sus rentas mediante sociedades, que tienen un gravamen menor. Las personas físicas que tienen rentas elevadas suelen ser altos directivos o profesionales independientes, que no pueden ejercer su actividad como sociedad y están sujetas al IRPF. Por esto no son muchos, y su efecto recaudatorio será limitado, aunque en cuanto a publicidad e imagen del futuro gobierno sí ha resultado efectivo.

–El desafío secesionista en Cataluña, ¿está poniendo a prueba el sistema jurídico español?

–Lo que está sucediendo pone de manifiesto que el ordenamiento jurídico español, aunque perfeccionable como todos, es capaz de hacer frente a situaciones como las que se están produciendo. Las leyes españolas son mucho más garantistas que otras muchas europeas. Permiten que un preso preventivo se pueda presentar a unas elecciones. O que partidos independentistas, o de ideología ultra, sean legales, algo que Alemania, por ejemplo, prohíbe expresamente.

–La Facultad de Derecho cumple 40 años, ¿cuál cree que ha sido su contribución a la sociedad malagueña?

–Creo que ha sido muy notable. La Facultad de Derecho era un centro que se venía demandando desde mucho antes, porque en las grandes ciudades que conocíamos una facultad de Derecho era muy vertebradora: vertebra el tejido social y económico y también es un factor de igualdad de clases sociales. La Facultad de Derecho ofrece unos estudios muy formativos en términos generales de la que salen no solo abogados, sino también jueces, fiscales y políticos, de todas las clases sociales.

–Por lo que comenta, debe suponer para ustedes una gran responsabilidad formar a los futuros jueces, fiscales o políticos...

–Ciertamente, como en general pasa en toda la universidad. Pero en el caso de la Facultad de Derecho cumplimos una función social muy relacionada con la transmisión de valores que son netamente sociales, porque son los valores de la justicia, de la libertad, de la democracia, de la solidaridad, y en ese sentido nos sentimos francamente satisfechos de haber podido transmitir esos valores.

–Tras varias promociones de los nuevos graduados del plan Bolonia, estudios de cuatro años, ¿puede hacer un balance?

–Todavía estamos intentando reubicarnos, porque los estudios de Derecho estaban muy consolidados en los cinco años con asignaturas anuales. El sistema de Bolonia transformó todo ese modelo y nos ha obligado a un cambio de mentalidad que estamos aún haciendo, esta es la realidad. Sobre todo porque los planes de estudios que tenemos ahora mismo no nos ayudaban a hacer bien ese cambio. En todo caso, es un modelo no muy apreciado en toda la Facultad.

–¿En qué sentido no es apreciado por los profesores?

–Pues porque la mayoría de los profesores piensa que el modelo de enseñanza de cinco años con asignaturas anuales, aunque reconvertido a las nuevas metodologías pedagógicas, podría haber sido más eficaz que el modelo de ahora. Pero esto se piensa también desde otras disciplinas.

–Si no les parecen bien los grados de cuatro años, ¿qué piensa del plan de carreras de tres años más dos de posgrado, que ya están implantando algunas universidades?

–Esto está por definir. Y el modelo de tres años, si es tres más dos, es un modelo que en determinados aspectos puede aportar incluso más que el modelo de cuatro. Hay que tener en cuenta que el actual modelo de cuatro exige luego una formación adicional a través de un posgrado, que en muchos casos no supone la continuidad de los estudios anteriores. Y este es el motivo por el que algunos verían de buen grado que el modelo sea de 3+2, como pasa en otros países europeos, sin que los dos años sean un posgrado, como ahora, sino realmente una especialización de la propia carrera. Y esto es algo que sí que es valorado positivamente en muchos ámbitos. Aunque en Derecho tenemos unos posgrados que son secuencia lógica de los estudios de grado, como el de Abogacía.

–La comunidad universitaria ha dado a José Ángel Narváez un segundo mandato. ¿Podría hacer un balance de estos primeros cuatro años como rector?

–Ha sido un mandato muy tranquilo, no ha habido polémicas, ni grandes discusiones. Creo que en el plano de la sistematización administrativa se han hecho evidentes progresos. También en el ámbito de la ordenación del personal de administración y servicios. Y se ha producido una reestructuración de los planes docentes y de investigación, que ha sido muy meritoria.

–En las elecciones de diciembre Narváez sorprendió con un acuerdo con Ernesto Pimentel, que le disputó el Rectorado hace cuatro años. ¿Cómo valora esa alianza?

–Hay que reconocer la habilidad del rector, que se aseguró una reelección tranquila. En segundo lugar, creo que ha sido una opción personal de Ernesto Pimentel, que espero que sea fructífera. Y hay un tercer aspecto, esa especie de pacto subyacente que nadie ha hecho explícito, para que Pimentel sea sucesor dentro de cuatro años, y sobre esto prefiero no pronunciarme, porque tengo mucho respeto a lo que piensen los universitarios dentro de cuatro años. Y esa decisión no la puede vincular nadie de antemano.

–En mayo termina su mandato como decano, ¿se presentará de nuevo?

–Tengo que hablarlo con mis colaboradores y con otros muchos colegas de la facultad. Lo importante no son las personas, sino las funciones que se realizan. En ese sentido es como plantearé si vuelvo a presentarme.

–En todo caso sería su último mandato. El propio rector impulsó la reforma de los estatutos para limitar a dos los mandatos consecutivos de cargos electos. ¿Qué le parece esta limitación?

–En primer lugar, no es cierta esa idea que se ha extendido de que el propio rector impulsara esa medida. Estaba en la comisión de estatutos, como todos los decanos. La limitación de mandatos es algo que veníamos defendiendo muchos de nosotros desde tiempo atrás. Es más, yo mismo propuse en la comisión que la limitación no debía ser solo para los cargos electos, sino para otros por designación, como los vicerrectores.

–Desde algunos ámbitos se acusa a la universidad de estar demasiado politizada, ¿está de acuerdo?

–La universidad forma parte de la sociedad, y ahora mismo hay pocos ámbitos de la sociedad que no estén sometidos o politizados, porque la política se practica de una manera muy invasiva, quiere llegar a los niveles más elementales y más simples a los que antes no accedía. Lamentablemente es así, se politiza la educación, las asociaciones de vecinos, la sanidad, las comunidades de vecinos, ...

–Pero vemos con frecuencia que profesores universitarios, incluso exrectores, ocupan consejerías de la Junta...

–Que de la universidad hayan salido bastantes consejeros no significa que la presencia o el ejercicio de estos en la universidad se debiera a razones políticas. Por ejemplo, el profesor Matín Delgado entró en la política después de dejar de ser rector. Fue un rector brillante, con una extraordinaria capacidad de gestión, y fue llamado a la política después, no antes. Y de la profesora Adelaida de la Calle no puedo decir otra cosa diferente. Pero sí quiero que quede claro que una cosa es que la universidad se gestione con directrices política, que creo que no se da en nuestra universidad, y otra es que en la institución se haga política universitaria, porque tiene que hacerse.