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Los municipios costeros se preparan para garantizar que los 161 kilómetros de playas de la provincia se abran en la fase 2 de la desescalada con las máximas garantías sanitarias y, en la medida de lo posible, sin grandes aglomeraciones. Todos van a reforzar las labores de limpieza y desinfección, potenciar la labor informativa mediante vigilantes de playa, carteles y megafonía y, lo más complejo, van a tratar de controlar la saturación de los arenales más concurridos, que normalmente son los urbanos. La Junta recomienda fijar un aforo máximo siguiendo la distancia de dos metros entre usuarios que marca Sanidad, pero lo deja en manos de los ayuntamientos.Y en la práctica se antoja complicado.
Por ello, los municipios buscan fórmulas para que, pese a lo dificultoso que resulta ponerle puertas al campo (o a las playas), sí que se puedan controlar los aforos. El uso de aplicaciones móviles e incluso de drones son las principales herramientas que barajan para conocer en tiempo real la afluencia de cada playa por si, llegado el caso, hubiera que cerrarla. Además, esta tecnología también se pondrá a disposición de los ciudadanos para que puedan elegir destino antes de ponerse el bañador. Algunas localidades, como Benalmádena, estudian la clausura de algunos accesos para poder ordenar las entradas y salidas.
En un intento de echar una mano a los municipios y pendiente de lo que la Junta acabe aportando después de que el presidente, Juanma Moreno, anunciara ayer que pondrá a disposición de los ayuntamientos «recursos humanos y materiales, la Diputación ha impulsado el proyecto 'Playas Covid-Free', consistente en crear una 'app' con información continua sobre el estado de cada rincón del litoral. De momento, se pondrá en marcha como piloto en Torremolinos y Rincón de la Victoria.
Aunque para pionero, el Ayuntamiento de Fuengirola, con unos 60 sensores de inteligencia artificial en las farolas que abarcan los siete kilómetros de litoral para controlar la saturación de las playas, de forma que cualquier ciudadano tendrá acceso a esta información a través de una aplicación móvil gratuita. Esta herramienta, diseñada por la empresa local Juma, permite trazar cuadrículas virtuales que a su vez crean un determinado aforo máximo de ocupación en virtud de los dos metros de distancia recomendados. Si el nivel de ocupación es correcto la playa estará marcada en verde, si llega al 75% cambiará a amarillo y si llega al 100% se pondrá en color rojo.
En Málagacapital también están viendo distintas 'app', pero reconociendo la complejidad que tener controlados los accesos de sus 13,5 kilómetros de playas. Así que apelan a la responsabilidad de los usuarios para seguir las recomendaciones de distancia e higiene, más allá de que la Policía Local y los servicios de salvamento y Protección Civil puedan estar vigilantes. Lo que sí avanzan es que no se activarán duchas y lavapiés para evitar contagios al considerar que no se puede estar continuamente desinfectándolos.
Marbella, que con sus 27 kilómetros de costa es el municipio con mayor franja litoral de la provincia, está trabajando sobre diferentes escenarios pero siempre sobre la base de la flexibilidad. Las playas del municipio cuentan con más de 250 accesos, por lo que su control presenta una dificultad. No obstante, se cuenta con la ventaja de que, salvo en algunas playas urbanas, no suelen producirse problemas de masificación.
El Ayuntamiento está trabajando en varias direcciones. Primero, con una aplicación para controlar el aforo, para lo que se contará también con los drones de la Policía Local que permitirán realizar conteos de manera permanente. También se hará una inversión importante en cartelería y en megafonía y se hará un replanteo de los espacios con los concesionarios para equilibrar el lugar destinado a las hamacas y el que podrán ocupar los usuarios.
En Benalmádena siguen inmersos en la elaboración del plan de contingencia que exige la Junta, en el que se incluirá el cierre de algunos de los accesos a las playas para así poder centrar esfuerzos en los que estén habilitados. Para ello, se va a reforzar la vigilancia por parte de socorristas, Protección Civil y la red de informadores municipales bajo el mando de la Policía Local, y también está previsto disponer de una aplicación que ayude a medir los aforos. En Torremolinos no aportan detalles, mientras en Estepona no preocupan demasiado las aglomeraciones porque, con la excepción de la playa del Cristo, no suele haber problemas de masificación.
En la Axarquía también se están preparando para los primeros chapuzones. En Vélez, además de implantar un sistema de cuadrículas en la arena de dos metros y medio están pidiendo autorización para contar un dron que se encargue de comprobar el aforo en los 23 kilómetros de costa. De momento, no saben cómo van a controlar las entradas y salidas, ni tampoco el aforo, aunque la idea inicial es a través de una 'app'.
En Rincón de la Victoria se ha incrementado en un 21% el presupuesto para el servicio de socorrismo para contar con una unidad especial de control y un mínimo de 18 vigilantes cada día repartidos por los 9 kilómetros del litoral. En Nerja y Torrox se limitan a señalar que se adaptarán a las directrices de Sanidad y a las recomendaciones de la Junta.
En este artículo han colaborado: Héctor Barbotta, Agutín Peláez, Eugenio Cabezas y Charo Márquez.
La Junta ha planteado una serie de recomendaciones a ayuntamientos y bañistas para garantizar la protección en las playas, tales como establecer un aforo máximo, fijar un horario de apertura y cierre, señalizar el suelo para mantener los dos metros de distancia social y, en el caso de los usuarios, ducharse antes en casa o intentar no permanecer más de cuatro horas en la playa. Llegados a este punto, cabe preguntarse si estas limitaciones podrían vulnerar los derechos fundamentales. Y la respuesta es que no.
«Los derechos fundamentales no se pueden estirar. Si hasta ahora las playas han estado cerradas también se pueden aplicar otras limitaciones», afirma el catedrático de Derecho Constitucional de la UMA, Ángel Rodríguez, quien tampoco vería un problema jurídico en la posibilidad de que ese consejo de no estar más de cuatro horas acabara convirtiéndose en una obligación.
«No veo ningún problema de constitucionalidad si se estableciera una limitación razonable de estar un máximo de tiempo. La playa es un lugar público y, por lo tanto, existe la capacidad de policía sobre la misma. Y si un ayuntamiento puede prohibir llevar al perro, jugar a la pelota o el baño con bandera roja, esa recomendación de fijar un horario máximo también podría llegar a ser una normativa obligatoria», precisa.
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