Declaran improcedente el despido del exdirectivo de Promálaga investigado por supuestas mordidas

De forma paralela a este procedimiento en el ámbito laboral, la que también sigue su curso es la causa penal abierta contra el exdirectivo en el marco de una investigación policial por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales; un proceso en el que igualmente se vio implicada su esposa, procuradora de profesión y supuesta encargada de cobrar el 10% de comisiones a las empresas contratadas por Promálaga, que es la sociedad municipal dedicada a la promoción empresarial y al fomento del emprendimiento en la capital.

La investigación se inició en mayo de 2017 a raíz de la denuncia de un empresario que aseguraba que se había quedado fuera en los procesos de adjudicación de varios contratos tras negarse a abonar dichas mordidas en concepto de intermediación. Tras esta revelación, tanto el gerente de la entidad, Francisco Salas, como el entonces vicepresidente y concejal Mario Cortés pusieron el asunto en manos de la Policía Nacional.

Según relató el propio Salas ante el Salón de Plenos para informar del caso cuando el asunto salió a la luz con el despido, la Policía les solicitó que no realizasen ningún cambio en las funciones del director financiero para, según sus palabras, «aparentar normalidad» aun sabiendo que existía una sospecha y una investigación en firme. Así transcurrió el tiempo hasta que el 10 de julio de 2019 Salas recibía una notificación judicial para declarar por un procedimiento penal en curso contra el entonces directivo.

El despido se materializó el 26 de septiembre pero no se hizo público hasta que fue comunicado cuatro días después al consejo de administración de Promálaga. Desde el Ayuntamiento siempre han insistido en dejar claro que la investigación es contra esta persona, no contra la gestión de la sociedad municipal.

Según la citada investigación, Promálaga cerraba contratos con empresas proveedoras con la presunta intervención del entonces director económico. A cambio de esos acuerdos, su mujer supuestamente recibía el pago de casi el 10% del contrato por los servicios prestados en su condición profesional de procuradora. Según los cálculos realizados por la Agencia Tributaria, Promálaga habría pagado a sus empresas proveedoras entre 2015 y 2016 un total de 342.000 euros, de los que casi 33.400 fueron a parar, presuntamente, a manos de la pareja del exdirectivo.