El Ayuntamiento de Málaga rechaza pagar casi 20 millones por la explotación del metro

De este modo, el equipo de gobierno recurre una deuda de casi 20 millones (concretamente, 19,6) en concepto de explotación de las líneas 1 y 2 del metro durante la anualidad 2024, solicitada por la Junta al Consistorio por el acuerdo firmado entre ambas administraciones el 15 de abril de 2003. Además, se va a solicitar que se sobresea este expediente de liquidación de deuda, de acuerdo al artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según ha informado el Consistorio malagueño.

No es el primer choque entre ambas administraciones a cuenta del suburbano. En enero de 2025 la Junta de Gobierno Local acordó recurrir otra deuda de casi 64 millones (63,8). De estos, cerca de 8 millones (7,8) son en concepto de inversión en las obras del metro; y otros 56 (55,99) en concepto de explotación. Esta deuda fue solicitada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Málaga, en base al mismo acuerdo entre ambas administraciones.

Por tanto, la Junta de Gobierno Local requerirá a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía que anule la orden firmada por la consejera, Rocío Díaz, el 2 de septiembre de 2025, por la que se aprueba la liquidación de la deuda de la anualidad 2024. Esta reclamación tiene como base el convenio de colaboración suscrito el 15 de abril de 2003, entre la Junta y el Ayuntamiento para la construcción y puesta en funcionamientos de las líneas 1 y 2 del metro.

También se solicita la suspensión del procedimiento, declarándose en suspenso la ejecución de la orden impugnada, hasta que se resuelva el requerimiento previo y el recurso Contencioso-Administrativo, y sin exigencia de garantías al ser el Ayuntamiento de Málaga una administración pública, por considerar que la citada orden no es ajustada a derecho y por ello lesiva a los intereses municipales.

En caso de que el requerimiento no sea atendido, se acuerda la interposición de un recurso Cntencioso-Administrativo, dentro del plazo previsto en el art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.