Archivan el caso por la muerte de dos colombianos en la finca donde fue asesinada Lucía Garrido

Una de las principales novedades en la sesión de hoy en el juicio por el asesinato de Lucía Garrido no ha venido de la mano de los peritos que han ido declarando durante la jornada. La ha dado el abogado Guillermo Jiménez, que representa a M. A. H., expareja de la mujer y uno de los cuatro acusados del crimen. El letrado ha anunciado en la sala que otro de los procedimientos contra su cliente, en este caso por matar a dos colombianos que irrumpieron encapuchados en su finca un año después de la muerte de Lucía, ha sido archivado.

El auto, que tiene fecha del 13 de septiembre, declara concluso el sumario sin procesamiento alguno y lo firma la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga. No es la primera vez que la magistrada archiva la causa contra M. A. H., que siempre alegó defensa propia, aunque posteriormente fue reabierta por la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de nuevas diligencias. También se investigaba si otros dos de los acusados del crimen de Lucía, los dos ex guardias civiles A. P. L. y J. A. B. V., habían inducido a que acabaran con la vida de M. A. H.

Pero todas las pruebas practicadas han conducido nuevamente al mismo punto y ni unos ni otros van a ser procesados por esa causa. La magistrada afirma que «no aparecen indicios racionales de criminalidad contra persona determinada», y se remite al auto del 27 de septiembre de 2016, en el que ya decretó el archivo. En esa nueva resolución, la jueza dice que quedó acreditado que M. A. H. actuó «amparado por su derecho a la legítima defensa», ya que los fallecidos «accedieron a su domicilio con la cara tapada y portando armas, las cuales fueron disparadas por los mismos».

La magistrada sostiene que M. A. H. se defendió efectuando dos disparos (de escopeta) que causaron la muerte de los colombianos, considerando «proporcionado» el medio que empleó para repeler la agresión, ya que «los asaltantes portaban armas de fuego, sin que conste la existencia de provocación por parte del investigado», explica en el auto, al que ha tenido acceso este periódico.

La instructora expone que, posteriormente, el sumario se reabrió por un nuevo atestado de la Guardia Civil en el que se recogía las declaraciones de varios testigos protegidos que ponían de manifiesto que el asalto a la finca Los Naranjos en el que murieron los dos colombianos fue, en realidad, un intento de robar cocaína que estaba escondida en la misma, pero que M. A. H. descubrió el plan y «se posicionó en un lugar adecuado para abatir a los asaltantes justo en el momento en el que accedieran a su finca». Sostiene también ese atestado de la Benemérita que M. A. H., tras matar a los dos colombianos, sacó la cocaína de la finca en el interior de una furgoneta.

Sin embargo, la jueza dice que, tras la reapertura del caso, siguen sin encontrarse indicios suficientes de que los hechos sucedieran tal y como se recogen en ese informe. La magistrada reconoce que hubo un asalto, pero no que se haya acreditado que M. A. H. supiera que el mismo iba a producirse, «ni que disparara sorpresivamente a los asaltantes, pues lo cierto es que éstos efectuaron siete disparos antes de que M. A. H. disparara con su escopeta». Tampoco entiende la magistrada que tuviera tiempo de coger la cocaína que se suponía -según el informe- que estaba en la finca y se la llevara a otra parte.

En el auto, la jueza se apoya en dos hechos para llegar a esas conclusiones. Según mantiene la instructora, las muertes de los colombianos tuvieron lugar sobre las 23.00 horas, mientras que la llamada a los servicios de emergencias para informar de las mismas se registró a las 23.20. «Difícilmente tuvo tiempo de coger la droga y sacarla, máxime cuando el propio investigado, tras los disparos, se dirigió a la casa de unos vecinos, siendo éstos los que dieron aviso a la Guardia Civil», recoge, literalmente, la resolución judicial. En segundo lugar, considera la magistrada que en la inspección de la Benemérita no se halló indicio alguno de que allí había cocaína.

Por todo lo anterior, considera que no hay «motivos suficientes» para procesar a M. A. H. por dos delitos de homicidio consumados. Tampoco entiende que haya indicios para procesar a los ex guardias civiles A. P. L. y J. A. B. V, ambos investigados en esta causa como posibles inductores del asalto a la finca por parte de los colombianos, ni tampoco contra A. V. G., al que testigos protegidos situaban como uno de los asaltantes ese día. Los cuatro comparten ahora banquillo en el juicio por el asesinato de Lucía Garrido.

La jueza apunta que el posible delito existente en ese caso, y suponiendo que hubiese cocaína en la finca, sería el de «concierto para robar en la vivienda» (con el fin de apoderarse de la droga), delito que a su juicio no puede ser objeto de investigación puesto que, cuando se reabrieron las diligencias, el 11 de junio de 2015, «el mismo ya había prescrito», ya que el plazo máximo para enjuiciarlo era de cinco años y los hechos sucedieron el 25 de abril de 2009. Cinco días antes del primer aniversario del asesinato de Lucía.