La Fiscalía dice que no hubo un «control eficaz» en BBVA durante los 13 años de Villarejo

BBVA contaba con un código de conducta con los valores éticos y las normas de conducta que regían la actuación de los empleados y que era de obligado cumplimiento tanto para trabajadores como para los directivos durante los trece años, entre 2004 y 2017, en que presuntamente habría contratado con Cenyt, la empresa del comisario Villarejo. Según el informe que el banco encargó a PricewaterhouseCoopers para dar respuesta a un requerimiento judicial de información efectuado el 12 de febrero de 2019 y que recoge el sumario del caso Villarejo, tal código de conducta se habría vulnerado en lo relativo a los criterios establecidos en materia de adquisición de bienes y servicios.

Según consta en el sumario, la consultora detectó que «ninguna de las contrataciones realizadas por el Área de Seguridad Corporativa con Cenyt analizadas cumplió con lo establecido en la normativa de compras de BBVA». No se encontró documentación que justificara la solicitud de los servicios del área de compras ni procedimientos de selección de proveedor o contraste de varias ofertas. Y tampoco constan actas de la comisión de contratación en las que se revisaran y validaran propuestas del proveedor Cenyt, lo que implica que el área de compras no intervino en los procedimientos de selección, adjudicación y contratación de Cenyt, «ya que fueron negociados en el área de seguridad corporativa, y en concreto, por Julio Corrochano Peña», principal responsable del departamento. Si bien Corrochano, dice el sumario, tenía poderes para contratar toda clase de servicios que BBVA requiriese, ello no le eximía de cumplir con los procedimientos del banco.

El banco aportó este informe de PwC el 25 de marzo. Y envió otros tres informes forensic el 12 de julio. Uno de ellos, respecto a los procesos de facturación, contabilización y pago de los servicios prestados por Cenyt entre el 2 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2017. De acuerdo con el informe, el 63% de las facturas fueron emitidas como facturas financieras, es decir, sin un pedido previo y sin que se siguieran los cauces normados y automatizados en los sistemas de facturación del banco. El otro 37% sí fueron emitidas y registradas en el programa de contabilidad de la entidad como facturas regularizadas en el área de compras y con pedido previo.

Según el sumario, entre las personas que habrían verificado la prestación de los servicios ofrecidos por Cenyt durante esos trece años se encontrarían Ángel Cano, director de recursos humanos y servicios en esa época, Julio Corrochano o Antonio Béjar, este último, director de riesgos y recuperaciones. Cano y Corrochano también constan en la lista de quienes autorizaron las facturas.

A la vista de esta información, según la Fiscalía, «en BBVA no habrían funcionado adecuadamente, en ninguno de los casos, mecanismos eficaces de control para evitar que se vulnerasen sistemáticamente, durante un periodo de al menos trece años (aunque sólo puedan ser objeto de responsabilidad penal los siete últimos), tanto su código de conducta de obligado cumplimiento para empleados y directivos de BBVA, como, al menos, la normativa interna en materia de selección, adjudicación y contratación de proveedores y el código ético de proveedores».

De ello se desprende, indica el sumario, la inexistencia de alertas, supervisión y control eficaz para evitar esta «permanente vulneración de la normativa interna en materia de selección, adjudicación y contratación de proveedores». En estos procesos habrían intervenido, dice el documento, el área de seguridad corporativa, la de Corrochano, y el área de riesgos y recuperaciones, la de Béjar. Y ello, a su vez, derivaría en incumplimientos constantes de la normativa interna del proceso de facturación, contabilización y pago de los servicios prestados por Cenyt a BBVA.

Pero, de acuerdo con el sumario, la falta de detección continuada durante los trece años de presunta relación entre el banco y la empresa de Cenyt implica que no pueda atribuirse indiciariamente la responsabilidad de lo ocurrido únicamente al jefe de seguridad corporativa (Julio Corrochano), «tal y como sostiene BBVA en sus diferentes escritos, y en menor medida a su entonces presidente (Francisco González)». El informe de la Fiscalía señala que la contratación y los pagos a Cenyt «afectan a varias áreas sensibles del banco, y a múltiples altos ejecutivos de la entidad» y «durante un prolongado periodo temporal».

Todo ello fue lo que llevó a BBVA a convertirse, como entidad, en sujeto investigado por haber cometido, presuntamente, delitos continuados de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y de corrupción en los negocios.