Los concursos de acreedores repuntan un 30% en el primer semestre en Málaga

Nuria Triguero

Martes, 8 de agosto 2017, 00:07

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Después de haber caído el año pasado a su nivel más bajo desde 2007, la actividad concursal vuelve a experimentar un repunte que se está percibiendo en todo el país, pero de forma más intensa en provincias como Málaga. Dicho en términos más sencillos: vuelven a aumentar las quiebras empresariales. En el primer semestre de este año, los juzgados mercantiles malagueños declararon en concurso de acreedores a 44 empresas, lo que supone un aumento del 29,4% respecto a las 34 sociedades que entraron en suspensión de pagos en el mismo periodo de 2016. A nivel nacional el incremento registrado ha sido del 1,5% y en Andalucía, del 10%.

La mayoría de las compañías concursadas (27, es decir, un 61%) durante el primer semestre en la provincia son de pequeño tamaño, pues su volumen de negocio se queda por debajo del millón de euros. En cambio, sólo hay dos que rebasan el listón de los diez millones.

En cuanto al sector de las empresas que entran en suspensión de pagos, llama la atención que casi un tercio de los procesos concursales (14 de 44 en el primer semestre) siguen ligados al ‘ladrillo’. El siguiente sector más representado es el comercio, con nueve casos registrados entre enero y junio; seguido de las actividades profesionales, científicas y técnicas, con cinco.

Pero no sólo fueron empresas las que acudieron a los juzgados para poner en orden sus deudas. También diez ciudadanos sin actividad empresarial fueron declarados en concurso de acreedores en Málaga entre enero y junio de este año. La Ley permite esta posibilidad desde 2003, aunque no ha sido hasta más recientemente cuando se han introducido reformas que hacen más atractiva esta posibilidad para deudores particulares. Y es que al principio se necesitaba un acuerdo con los acreedores para iniciar el proceso y los bancos se negaban por sistema. La Ley de Emprendedores de 2013 introdujo el concepto de «segunda oportunidad para empresarios y autónomos», que ofrecía la posibilidad de una mediación con condiciones: el deudor tiene que pagar los créditos hipotecarios, sus deudas con Hacienda y Seguridad Social y el 25% de los créditos restantes. En tal caso, se puede establecer una quita. La Ley de Segunda Oportunidad de 2015 amplió esta posibilidad a particulares, estableció mecanismos de mediación y permitió que los jueces aprueben planes de pagos de las deudas –incluyendo la hipotecaria– a cinco años que dejan al deudor una cantidad al mes para poder vivir.

Este repunte de la actividad concursal viene a empeorar la situación de saturación que viven los juzgados mercantiles de Málaga. Recientemente, el Colegio de Economistas de Málaga enviaba sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la «necesidad urgente» de crear al menos un nuevo juzgado de lo mercantil en la provincia.