La Guardia Civil vincula ahora a los abogados del Consistorio de Mijas en la trama de las subastas

Iván Gelibter

Jueves, 13 de septiembre 2018, 00:52

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El llamado 'caso Subastas' de Mijas amenaza con convertirse en una espiral interminable que provoque varios años de instrucción. Después de que la causa saliera a la luz en 2016 y de que estén investigados el exalcalde, Ángel Nozal; el jefe de Recaudación del Ayuntamiento; y el jefe de Tesorería –entre otros–, un nuevo informe de la Guardia Civil al que este periódico ha tenido acceso vincula ahora dos abogados de los servicios jurídicos del Consistorio, a los que acusa de haber podido cometer un presunto delito de prevaricación continuada.

Así, sostiene el informe que dicho delitos habrían sido cometidos entre otros, por el titular de la Asesoría Jurídica y una de sus integrantes, y añade además a los componentes de las mesas de subastas como conocedores del menoscabo que se ocasionaba a los deudores, de los bienes y fincas primero embargados y después subastados.

Las propiedades, según el informe de la Guardia Civil, se embargaban irregularmente. Posteriormente, a la propiedad, normalmente de una persona fallecida se le seguía notificando aunque el Ayuntamiento tuviera constancia de su fallecimiento, antes del embargo. También se habría embargado y subastado propiedades notificando a personas que no son los propietarios de dichas fincas.

Además de esta acusación contra los letrados del Consistorio, la Benemérita pone encima de la mesa un aspecto nuevo que hasta ahora no había sido tratado. El citado informe señala también la existencia de una cuenta bancaria denominada «cuenta sobrante de subastas» no quedando acreditado qué se hace con el dinero depositado en dicha cuenta. Dicha cuenta estaba prevista para devolver a los embargados el sobrante de la subasta menos la deuda que tuvieran con el Ayuntamiento; aunque no quedaría constancia si finalmente dicho dinero se le devolvió finalmente.

Por último, otro de los aspectos destacados del informe indica que los componentes de la mesa de subastas «eran conocedores del perjuicio económico causado al deudor y también del enriquecimiento desmedido del adjudicatario final».

Para el concejal de CSSP, Francisco Martínez, que es quién ha dado a conocer el texto al estar personado en la causa, resulta «inadmisible» que en el Ayuntamiento de Mijas unos funcionarios «embarguen y adjudiquen una propiedad de 2.200.000 euros por apenas 75.000 euros y que encima lo quieran revestir de una pretendida legalidad que la Guardia Civil se encarga de demostrar que no existe. Estoy apenado y enfurecido a la vez», afirmó Martínez.

Este informe se suma a otro hecho público hace algo más de un año, en el que la misma unidad de la Guardia Civil destacaba que en ciertos expedientes de subastas, el exalcalde (Nozal) y el exconcejal de Hacienda (Mario Bravo) del Ayuntamiento de Mijas «han participado de forma directa en la tramitación y resolución de algunos expedientes a pesar de tener intereses en sociedades que realizan labores de administración de fincas».

Tanto Nozal como Bravo ejercen esta labor profesional en la localidad, por lo que el informe insistía en que en estos procedimientos, «las citadas sociedades actúan como parte interesada, bien por haber gestionado la adjudicación de la finca en favor de la comunidad de propietarios, o bien por tener pendiente el cobro de las cuotas de comunidad».

La Guardia Civil, que considera que algunos hechos podrían ser constitutivos, «como mínimo, de un delito continuado de prevaricación», cree además que no había una «voluntad real de notificación» a los deudores implicados, muchos de los cuales solo tuvieron conocimiento de que sus inmuebles habían sido subastados varios meses después de las adjudicaciones.

En cuanto al resto de presuntas irregularidades detectadas por esta Policía Judicial, se destacaban en el primer informe una «patente falta de proporcionalidad en el precio de la adjudicación con respecto a su valoración», además de la existencia de resoluciones de procedimientos «de forma sistemática sin agotar el plazo de adjudicación directa».