El Ayuntamiento de Benalmádena lleva a la Fiscalía el contrato de zonas verdes

A la licitación concurrieron 16 empresas, y siete de ellas empataron a puntos. La Mesa de Contratación también se mostró dividida a la hora de decidir cómo deshacer el empate y la adjudicación se decidió por el voto de calidad del edil Joaquín Villazón. El criterio que se utilizó fue computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas, pero el pliego no contemplaba la manera de realizar este cómputo, y mientras Villazón consideró que el cómputo debía efectuarse en función del porcentaje de participación en la UTE de cada una de las empresas que la componían, la secretaria y el interventor consideraban que debía hacerse en términos globales teniendo en cuanta que la empresas que forman una UTE pueden variar su participación en la misma durante la vida de un contrato sin que la Administración ni tan siquiera intervenga.

Uno de los licitadores, la UTE formada por Integra y Talher decidió recurrir ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que dio la razón al criterio defendido por el concejal socialista. La UTE llevó el caso ante la justicia y le dio la razón, y el Supremo ha convertido en sentencia firme el fallo emitido con anterioridad por el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la sentencia el acto administrativo que se tumba es la resolución del tribunal especializado en contratación de la Junta, y se obliga al Ayuntamiento a retrotraerse al momento previo a la adjudicación para cambiar el criterio de desempate. El Ayuntamiento de Benalmádena ya lo hizo y la UTE Integra-Talher lleva meses prestando el servicio tras serle adjudicado el contrato por la actual Corporación.

Pero la unión temporal de empresas presentó el pasado 4 de junio un escrito al Consistorio solicitando ser indemnizada con el beneficio industrial del tiempo de servicio no prestado (unos tres años), equivalente al 6% más IVA. El 5 de junio el Consistorio dio trámite a la petición y el día 9 la Junta de Gobierno Local aprobó un reconocimiento extrajudicial por el que la UTE fue indemnizada. El Ayuntamiento ha cifrado la indemnización en 666.845,77 euros y asegura que la asume siguiendo las recomendaciones de los funcionarios habilitados nacionales.

El exalcalde y secretario general de los socialistas benalmadenses, Víctor Navas, ha asegurado que el paso dado por el gobierno municipal, más de cuatro meses después de conocerse la decisión del Supremo, no es más que «una cortina de humo» ante «las denuncias judiciales relacionadas con la apertura del Hotel Vivemar [o Vistamar], la investigación al alcalde por la compra de maquinaria de legionela al marido de una concejala, o la parálisis generalizada de la administración municipal».

«¿Qué va a llevar exactamente [a la Fiscalía]? Lo que debería hacer el señor Lara es hacer pública la sentencia, para que los vecinos puedan comprobar por sí mismos si en ella se exige responsabilidad alguna al anterior gobierno o al concejal Joaquín Villazón», ha apuntado Navas, subrayando que el fallo «no reprocha nada» a la Corporación anterior y criticando «la 'generosa' indemnización que el alcalde Lara ha regalado a la nueva adjudicataria».