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Alberto Gómez
Jueves, 17 de noviembre 2016, 14:37
Las contradicciones de las declaraciones periciales han marcado la tercera jornada del juicio contra la presidenta de la protectora de Torremolinos, Carmen Marín, imputada por presuntos delitos de maltrato animal, falsedad documental e intrusismo profesional. Los dos agentes de la Guardia Civil que detectaron la presencia de pentobarbital, un principio activo del producto eutanásico dolethal, que Marín presuntamente inyectaba en perros y gatos para sacrificarlos con el objetivo de ahorrar costes y destinar las instalaciones a fines privados, han ratificado su informe al asegurar que trece de los catorce cadáveres hallados en Parque Animal durante una inspección daban positivo por este fármaco. Según los agentes, que han declarado como peritos pertenecientes al departamento de Química, el otro cadáver animal también presentaba restos de pentobarbital, aunque no suficientes como para considerarlo positivo por esta sustancia.
El doble uso de dolethal, que suele utilizarse como eutanásico pero también puede tener un efecto únicamente anestésico si se inyecta en dosis bajas, ha sido el tema en torno al que han girado la mayoría de declaraciones periciales. El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Antonio J. Villalba, ha reconocido haber calculado el número de animales sacrificados en Parque Animal según una media entre los litros de doltehal adquiridos por la protectora y el peso medio de los perros y gatos encontrados. Esta cifra, que asciende a más de 2.800 víctimas, aparece disminuida a 2.183 animales en el escrito de acusación del Ministerio Público. La defensa ha presentado listados de incineraciones en los que la mayoría de perros pesaban más que la media de diez kilos que figura en el citado cálculo.
Villalba ha asegurado que, al ser suministrado por vía intramuscular, como presuntamente hacía Marín, el dolethal produce una muerte más lenta en los animales, además de provocar necrosis y dolor local en el lugar del pinchazo. En cuanto a la inyección de dosis bajas, Villalba ha afirmado que este fármaco sigue haciendo efecto a ritmo bajo hasta la muerte del animal y, posteriormente, ha aseverado que tiene un efecto anestésico. El juez ha rechazado la petición de la defensa de seguir preguntando al representante de los veterinarios malagueños tras detectar que su declaración se ha sometido a contradicción, pese a que el Colegio de Veterinarios de Málaga está personado en la causa como acusación particular.
Un catedrático en Medicina Animal de la Universidad de Granada ha aclarado que la dosis preceptiva para asegurar la muerte del animal no es la única dosis letal, ya que el efecto eutanásico puede alcanzarse suministrando menos producto del recomendado. Este perito ha confirmado que, por vía intramuscular, el dolethal produce un padecimiento que puede ser extremo, además de otras consecuencias como asfixia, parálisis muscular y parada respiratoria mientras el animal sigue consciente. En este punto, la defensa ha recalcado la ausencia de estudios sobre los posibles efectos de este producto en bajas dosis, a lo que el perito ha respondido que no sería ético.
La declaración pericial aportada por la abogada de Marín ha redundado en el argumento de que el dolethal puede usarse como anestésico cuando se inyecta por la vía correcta pero también puede producir necrosis. Por último el presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Federico Villaplana, ha afirmado que las consecuencias fisiológicas de la inyección de un fármaco eutanásico en dosis bajas pasan por la disminución de la frecuencia cardiaca y la asfixia, a la vez que producen una muerte más lenta en los animales. En el caso de que la dosis no sea tan alta como para producir la muerte, su mal suministro provoca sufrimiento aunque el animal acabe despertando.
En la sesión también se han mostrado varias pruebas audiovisuales y se ha escuchado una grabación telefónica en la que un excolaborador de la asociación Parque Animal comunica haber encontrado al dueño de dos perros entregados unas horas antes. Aunque en un primer momento le citan para acudir con el propietario a recoger a ambos animales, desde la protectora aseguran en otra llamada que los perros ya han sido adoptados por un alemán. Ante la incredulidad del excolaborador, que les recuerda que es ilegal entregar a animales abandonados en un plazo menor de diez días desde su recepción, la responsable de atención al público se compromete a trasladar el asunto a Marín. Tras varios intentos, el hombre que había llevado a los perros a la protectora consigue hablar con la ahora acusada, que reconoce que ha habido una confusión. El entregador de ambos animales solicita una fotografía de la adopción o ponerse en contacto con el adoptante, pero desde Parque Animal le niegan ambas posibilidades. Ya no me fío de vosotros, les espeta en una de las llamadas.
El juicio se retomará el 9 de diciembre con las declaraciones de los agentes del Seprona que investigaron los hechos y con las conclusiones de todas las partes. El juez dejará entonces el caso visto para sentencia.
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