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La presidenta de la protectora acusada de maltrato niega haber sacrificado animales

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La presidenta de Parque Animal, junto a su ayudante, también imputado. / Foto: A. Cabrera Vídeo: P. J. Quero

  • Dos veterinarios y un auxiliar contradicen su versión y aseguran haberla visto inyectando producto eutanásico sin sedación «y donde pillaba»

La responsable de la protectora de animales de Torremolinos, Carmen Marín, declaró ayer en el Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga por presuntos delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad documental. Marín negó que la asociación que aún preside, aunque ya no ejerza, sacrificara más de 2.100 mascotas en menos de dos años, como detalla la Guardia Civil en un demoledor informe elaborado tras la investigación iniciada a raíz de la denuncia de uno de los veterinarios de la protectora, llamada Parque Animal. Frente a la acusación del Ministerio Público, que la responsabiliza de llevar a cabo, junto a un ayudante, «auténticas sesiones de exterminio», Marín asegura que nunca ha inyectado producto eutanásico.

La presidenta de Parque Animal alegó que tiene «fobia» a las inyecciones y que el número de animales sacrificados ascendía a 283 en tres años, en contra de los cálculos realizados por los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que sostienen que la propia Marín y otro empleado, pese a carecer de titulación veterinaria, ejecutaron a miles de animales con el objetivo de «reducir gastos y dedicar las instalaciones a fines privados de pago», como la residencia canina o la clínica veterinaria. El fiscal mantiene que Marín y su ayudante inyectaban productos eutanásicos, en concreto T-61 y Dolethal, sin sedación previa, por vía intramuscular en vez de intravenosa y en menos dosis de la debida «para ahorrar costes», algo que producía una «lenta agonía» en los animales. Dos de los veterinarios que declararon ayer como testigos coincidieron en afirmar que Marín utilizaba el término «intraperro» para «pinchar donde pillaba».

Listados de incineraciones

Marín responsabilizó a algunos de sus antiguos empleados, en su mayoría veterinarios, de los «pocos sacrificios» que, según su versión, se practicaban en Parque Animal, así como de alterar los listados de incineraciones enviados al Ayuntamiento de Torremolinos, que subvencionaba estos gastos. «Soy una amante de los animales y no me atrevo ni a cortarles las uñas», declaró la procesada, que se negó a responder a las preguntas de la acusación particular del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y de la acusación popular, ejercida por el Colectivo contra el Maltrato Animal, la protectora El Refugio y la Asociación Acción Afectados Parque Animal.

La responsable de la protectora, que fue arrestada en noviembre de 2010, aseveró desconocer «quién firmaba las recetas» de producto eutanásico e insistió en que todo se trata «de un cúmulo de mentiras». Marín sostiene que «si alguna vez» sus empleados la han visto «con una jeringa» era porque se dedicaba «a inyectar jarabe contra parásitos por vía oral». La imputada, que sí contestó a las preguntas del fiscal, achacó las acusaciones de sus extrabajadores a «una venganza» por haber sido «despedidos por diversas razones». En cuanto a la acumulación de producto eutanásico en las instalaciones de Torremolinos, Marín alega que «había una oferta de dos por uno» y señala el supuesto chantaje de un empleado «que quería quedarse con la clínica» como causa del comienzo de la investigación.

Al inicio de la sesión, las abogadas de Marín y de su ayudante solicitaron la anulación del procedimiento asegurando que los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación vulneraron el derecho a la inviolabilidad del domicilio al registrar la sede de Parque Animal «sin orden judicial». El fiscal respondió que las instalaciones de la protectora estaban abiertas al público y que las inspecciones tenían carácter técnico, por lo que los agentes «estaban en la obligación» de actuar al sospechar que se estaban infringiendo normas zoosanitarias. En este punto, la protectora El Refugio acusó a la defensa de actuar «con mala fe procesal» con el objetivo de «dilatar el proceso», iniciado en 2010, y denunció la existencia de indicios de «connivencia» entre Marín y el Ayuntamiento de Torremolinos.

Las declaraciones de varios de los extrabajadores de la protectora ponen contra las cuerdas a Marín, para quien la Fiscalía solicita cuatro años de prisión. En concreto, dos veterinarios y un auxiliar que se ocupaba de la peluquería canina afirmaron haberla visto «inyectando producto eutanásico» a animales. Uno de ellos asegura que Marín le recomendó utilizar menos dolethal «porque se mueren igual» y relató que, después de que dos gatos de la residencia fueron eutanasiados por error, la acusada le solicitó que justificara mediante un documento oficial que habían sido sacrificados por enfermedad.

El otro procesado del caso, responsable del mantenimiento de la protectora y acusado de sujetar a los animales mientras Marín inyectaba producto eutanásico, señaló que los sacrificios se producían «muy de vez en cuando» y cuando los animales estaban muy enfermos. Su línea de defensa, avalada únicamente por uno de los cuatro veterinarios que testificaron ayer y que negó haber presenciado sacrificios, coincide con la de la presidenta de la protectora. El juicio continuará hoy con las declaraciones de varios afectados. Ante la duración de la primera sesión, que se prolongó durante más de seis horas, el juez acordó con la acusación y la defensa pasar las declaraciones de los agentes del Seprona al 9 de diciembre.