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Alberto Gómez
Domingo, 4 de enero 2015, 01:44
El Ayuntamiento de Benalmádena aprobó ayer, en pleno extraordinario y por unanimidad, la disolución del consorcio de la escuela de hostelería La Fonda, un paso imprescindible para su incorporación al nuevo modelo de gestión propuesto por la Junta de Andalucía. Tras meses de enfrentamientos entre ambas instituciones, los alumnos y profesores de esta escuela ven su futuro algo más despejado, pese a que los nueve empleados de esta escuela y los tres que comparte con La Cónsula continúan sin cobrar sus nóminas desde julio. El Consistorio, eso sí, supedita su salida del consorcio a la aprobación de la liquidación de las cuentas y de los activos de la entidad.
Los trabajadores, sin cobrar, y los alumnos, que comenzarán las clases casi cuatro meses después de lo previsto, han sido las principales víctimas de la falta de acuerdo entre las dos administraciones que hasta ahora componían el consorcio Junta de Andalucía, con un 70 por ciento, y Ayuntamiento, con un 30 por ciento, un desencuentro de raíces económicas. La delegada territorial de Educación, Patricia Alba, reclama al Consistorio benalmadense más de 1,7 millones de euros por los gastos afrontados por la Consejería desde la apertura de la escuela. «El Ayuntamiento no ha realizado aportación económica alguna», asegura. Desde el Gobierno local, sin embargo, alegan que ya ceden la parcela, de titularidad municipal, donde se ubica La Fonda, y acusan al Ejecutivo andaluz de no aportar toda la documentación requerida «para conocer cuál es la diferencia real entre ingresos y gastos». La alcaldesa, Paloma García Gálvez, afirma que el desequilibrio presupuestario se debe «a la nefasta gestión» de la Junta.
Ante la falta de consenso, alumnos y profesores organizaron numerosas protestas para denunciar la incertidumbre en la que se hallaban. El anuncio de una nueva hoja de ruta trazada por el Ejecutivo autonómico, por la que los consorcios de este tipo de escuelas pasarían a formar parte del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), que pasa a denominarse Agencia Pública Andaluza para la Educación y Formación (Apaef), algo para lo que debían ser disueltos por los ayuntamientos, arrojó un poco de luz al asunto. Las clases comenzarán este mes, aunque aún se desconoce la fecha exacta, y los trabajadores volverán a cobrar con normalidad, aunque no hay noticias sobre cuándo se pagarán las nóminas adeudadas desde julio a diciembre.
Falta de sintonía
La alcaldesa volvió ayer a mostrarse muy crítica con la postura de la Junta: «Durante cerca de dos décadas no han dado ningún tipo de explicaciones al Ayuntamiento en cuanto a la gestión económica de La Fonda, que han manejado a su antojo a lo largo de todo este tiempo, así que es necesario revisar bien las cuentas antes de proceder a la disolución del consorcio». La falta de sintonía entre García Gálvez y Alba resulta evidente desde hace semanas. No en vano, la delegada de Educación envió en diciembre un comunicado en el que aseguraba que la regidora benalmadense había cancelado «por tercera vez» la reunión que ambas tenían prevista para tratar el asunto. Además, la representante de la Junta denunció que había tenido conocimiento de este plantón «veinte minutos antes de la cita y mediante una llamada telefónica».
Con el nuevo modelo de gestión ya en marcha, la principal incógnita ahora es saber cuándo cobrarán lo adeudado los trabajadores y proveedores de la escuela benalmadense.
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