La alcaldesa de Benalmádena rompe con Salido

Tras salir a la luz esta situación también se ha sabido que el gerente del Puerto Deportivo de Benalmádena, José Manuel López Merino, ha sido condenado a seis meses de cárcel por intrusismo profesional, por ejercer de letrado cuando en realidad no lo es.

Paloma García Galvez ordenó a su primer teniente de alcalde y concejal responsable del puerto, Francisco Salido, que destituyera a este directivo, orden que no ha cumplido. Esta es la justificación que se da desde el Ayuntamiento de Benalmádena para destituir al primer teniente de alcalde.

La alcaldesa de Benalmádena ha anunciado, a través de un comunicado de prensa, la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria del consejo de administración del Puerto Deportivo para aprobar este mismo martes el cese efectivo de Salido como consejero delegado y de López Merino como consejero y secretario de la empresa pública.

"No voy a permitir que ocupe ningún cargo en este Ayuntamiento cualquier persona condenada en firme cuya falta de honradez profesional quede constatada; mucho menos cuando se trata de un caso tan flagrante como éste", ha afirmado la primera edil en referencia a López Merino.

En el caso de Salido, la alcaldesa ha señalado que "no puedo mantener la confianza en quien no es capaz de asumir ese principio, pretende amparar a un condenado y, además, no atiende una obligación tan claramente expuesta por la máxima regidora de este Ayuntamiento".

Pacto de gobierno

En referencia al pacto de gobierno entre el PP y UCB, Paloma García Gálvez ha señalado que el PP mantiene la confianza en los otros concejales del grupo de Salido, que le son necesarios para mantener la mayoría de gobierno en la localidad costasoleña. Es el caso de Concepción Tejada y Juan Olea.

El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga acogió este pasado lunes el juicio al gerente del Puerto Deportivo de Benalmádena y vicepresidente de UCB por un delito de intrusismo, al haber ejercido de abogado sin tener la cualificación.

El acusado reconoció los hechos, siendo condenado a seis meses de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo -que priva al penado del derecho a ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena- y para el ejercicio de la abogacía. La defensa anunció que pedirá la sustitución de la pena de cárcel por 12 meses de multa.