La desaladora de la Axarquía se sigue retrasando: el anteproyecto no estará redactado hasta septiembre
Los regantes y la Mancomunidad Oriental ultiman el documento, que será enviado a la empresa pública Acuamed para su supervisión antes de licitar la ejecución del proyecto y las obras, con un coste de cien millones de euros
La Axarquía sigue clamando por disponer de una desaladora. A pesar de que el año hidrológico fue mucho más húmedo que los tres anteriores, ... la comarca oriental malagueña continúa exigiendo que se promueva el proyecto comprometido desde mayo de 2023 por el Gobierno central, que lo declaró de interés general del Estado. Más de dos años después, el proyecto sigue avanzando, todavía en la lenta maraña burocrática, aunque comienzan a verse señales de que hay una voluntad decidida de impulsarlo.
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Después de que el pasado marzo el Ministerio para la Transición Ecológica adjudicara los trabajos para la supervisión del anteproyecto, los que serán los usuarios finales de los recursos hídricos, los agricultores y Axaragua, la empresa pública de la Mancomunidad Oriental, siguen tratando de culminar con éxito el anteproyecto, que encargaron el año pasado a una empresa de ingeniería malagueña. Aunque inicialmente estaba previsto que estos trabajos finalizaran a finales del pasado 2024, el plazo se viene retrasando, primero a febrero, luego a mayo y ahora se esperan para septiembre de este año.
«Primero iba a estar en marzo, luego en mayo, ahora hablamos de septiembre… y veremos si entonces está listo», ha asegurado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Jorge Martín (PP), en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía, subrayando que, en todo caso, «lo importante es que cuando se defina su ubicación, cuente con todos los servicios y canalizaciones necesarios para su funcionamiento». En la misma línea se ha expresado a SUR el portavoz de la Junta Central de Usuarios de la Axarquía, el abogado Jaime Zaldúa, quien ha confiado en que la documentación pueda ser remitida al Ministerio tras el verano.
El objetivo de estas dilaciones es que la documentación que se entregue cuente con todas las bendiciones técnicas
El objetivo de estas dilaciones es que la documentación que se entregue cuente con todas las bendiciones técnicas, burocráticas y administrativas, para que no haya más contratiempos. Así, tras despejarse el principal escollo, la ubicación, que finalmente será en el entorno del río Seco, al norte de la Autovía del Mediterráneo A-7, en la zona entre Las Campiñuelas y el Camino del Higueral, en el sector conocido como VM-23 del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vélez-Málaga, se está trabajando para que el proyecto disponga de todos los servicios básicos que precisa una infraestructura de estas características y envergadura.
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Los terrenos elegidos para la futura desaladora pública de la Axarquía, catalogados como de equipamientos, tienen unos 60.000 metros cuadrados de superficie, y son propiedad del Ayuntamiento veleño en su mayor parte, aunque hay una pequeña porción en manos privadas. El concejal de Urbanismo, Celestino Rivas (PP), ha informado a SUR de que ya han comenzado con los trámites burocráticos para su expropiación forzosa.
De esta forma, será necesario construir una nueva subestación eléctrica en la zona, trazar los colectores e infraestructuras de conexión con las redes de regadío y abastecimiento de la comarca oriental, y crear depósitos de almacenamiento del agua. El anteproyecto será remitido a la sociedad pública estatal Acuamed, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que será la encargada de su supervisión, como paso previo a la licitación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras, cuyo coste alcanzará los cien millones de euros. Desde el pasado marzo, la consultora TPF Getinsa Euroestudios S. L. es la encargada de la supervisión de estos trabajos de supervisión técnica del documento que están elaborando los futuros usuarios, con un plazo de ejecución de 18 meses y un coste de 80.626 euros.
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22 hectómetros para la población
La desaladora de la Axarquía es una necesidad acuciante para una comarca que sigue en nivel de sequía grave, que tiene el peor régimen de precipitaciones de la provincia y un fuerte componente agrícola. Hay que tener en cuenta que los hogares de la comarca consumen 22 hectómetros cúbicos al año, que ahora proceden en su mayor parte del embalse de La Viñuela, en menor medida de los pozos del Chíllar de Nerja, y, eventualmente, aunque ahora no, de transferencias desde Málaga capital.
La nueva ubicación de la desaladora está acordada a unos dos kilómetros al este de la inicialmente prevista, que estaba cerca del centro comercial el Ingenio y de la depuradora de Vélez-Málaga. Se situará también a otros dos kilómetros de la costa aproximadamente en una zona conocida como Las Campiñuelas, en el Camino de Torrox, próxima al cauce del río Seco. Son los terrenos que ha propuesto el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, encargado, junto con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, de facilitar este trámite a la sociedad estatal Acuamed.
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La ubicación de Las Campiñuelas disminuye las inversiones y rebajan en un 30% los costes de operación
Los primeros avances técnicos señalan la ventaja de Las Campiñuelas porque disminuyen las inversiones y rebajan en un 30% los costes de operación y mantenimiento. La idea es trazar la toma de agua y el emisario submarino en el cauce del río Seco y diseñar la nueva línea eléctrica, cambiando la ubicación de la planta de osmosis inversa y la conexión con las tomas de los usuarios. En este sentido, el proyecto optimiza dichas conexiones con canalizaciones y depósitos de cabecera. Entre las cuestiones que habrían ayudado a cambiar de idea sobre los terrenos habrían pesado factores ambientales y de control de la regresión de las costas, arqueológicas, de explotación y operativas.
Las previsiones apuntan, por lo tanto, a finales de 2026 como fecha para que se pueda dar el siguiente gran hito burocrático, la licitación de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de la futura desaladora pública de la Axarquía. El coste estimado de la actuación ronda los cien millones de euros, que adelantará el Gobierno y que luego devolverán los usuarios en un plazo de hasta 50 años con un periodo de carencia que hay que fijar.
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Reducir la extracción de los acuíferos
«Sus objetivos son garantizar el abastecimiento de agua potable, contribuir a las necesidades de agua para riego y reducir la extracción de los acuíferos sobreexplotados en la Costa del Sol de la provincia de Málaga. Para ello se plantea la construcción de nueva desaladora de agua de mar en la comarca de la Axarquía malagueña de capacidad de producción inicial de 25 hm3/año y ampliable en otros 25 hm3/año», indica el documento técnico, analizado por SUR.
«Con el objeto de no demorar los plazos y desarrollar a la mayor brevedad estas nuevas infraestructuras, por parte de los futuros usuarios de las dos desaladoras se ha promovido y puesto en marcha la redacción del anteproyecto de cada una de las desaladoras y de los estudios de impacto ambiental asociados. De conformidad con estos, Acuamed está supervisando la redacción de la documentación mencionada, con el objeto de que el contenido de la misma sea el adecuado para que pueda ser tramitada ante el MITERD una vez concluida esta redacción», prosigue el pliego.
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Además de los anteproyectos, la empresa pública Axaragua, dependiente de la Mancomunidad Oriental y los regantes, que se han agrupado y constituido en entidad única (habrá 12,5 hectómetros cúbicos iniciales al año para riegos y otros tantos para abastecimiento urbano), aportarán los correspondientes estudios de impacto ambiental antes de iniciarse esta consultoría impulsada por Acuamed.
Se incluyen cuestiones ambientales, presupuestarias, funcionales, hipótesis de cálculo, geotecnia y de seguridad
Se trata, en suma, de revisar por parte del Gobierno central que todo encaja, técnica, ambiental y jurídicamente para poner en marcha la fase de licitación del proyecto y la ejecución de las obras. Y, sobre todo, detectar fallos a tiempo para evitar demoras en fases posteriores. Se incluyen cuestiones ambientales, presupuestarias, funcionales, hipótesis de cálculo, geotecnia y de seguridad y salud.
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La empresa ganadora del concurso, la consultora TPF Getinsa Euroestudios S. L., es, por lo tanto, la encargada de la revisión del anteproyecto/proyecto y del estudio de impacto ambiental. «Es por ello que el adjudicatario del presente contrato deberá preparar un informe definitivo de los anteproyectos, con el fin de que toda la documentación esté completa y claramente definida para la licitación de los contratos de proyecto constructivo y obra. Por tanto, el plazo total se estima en 18 meses, el cual ha sido estimado teniendo en cuenta los tiempos necesarios para adaptar, mejorar, modificar los anteproyectos, una vez revisados por el consultor y Acuamed y los tiempos necesarios del trámite de información pública y la obtención de la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio», aclara el pliego de condiciones.
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