Un juzgado imputa a Abdeslam Lucena por presunta prevaricación

La política de personal del alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena (PP), se encuentra en entredicho. A la denuncia realizada esta semana por la oposición en el Ayuntamiento (PSOE, IU y PA) de que en la última oferta pública de empleo realizada por el Consistorio las plazas ofertadas mediante concurso-oposición tenían nombres y apellidos, hasta el punto de que algunas formaciones han llegado a adivinar con meses de antelación al desarrollo de los exámenes qué trabajadores iban a ser los que finalmente las han ocupado, se une ahora el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vélez-Málaga por el que se ordena que se sigan las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra Lucena como imputado por su presunta participación en un delito de prevaricación administrativa y/o contra los derechos cívicos. El juez da asimismo traslado del auto al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que formulen escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa.

El alcalde fue denunciado por un exconcejal del PSOE tras negarse de manera reiterada a facilitarle información sobre la contratación de determinados trabajadores del entorno del equipo de gobierno municipal, algunos de los cuales se han hecho a la postre con varias de las plazas de la última convocatoria pública realizada por el Ayuntamiento.

Según consta en el auto judicial, que tiene fecha de 14 de febrero de 2014 y al que ha tenido acceso este periódico, el alcalde negó reiteradamente el acceso a dicha información al exedil socialista, Manuel Ruiz Cazorla, que en 2010 ejercía todavía como portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento, «al tener el solicitante asuntos litigiosos con las personas» a las que se refiere la información demandada y no fundamentarse el derecho de información del artículo 77 de la Ley 7/1985. En otras ocasiones, la negativa al acceso a la información fue justificada por el alcalde en la existencia de datos de carácter personal protegidos por la legislación. Las peticiones de información se realizaron a lo largo de 2010 y 2011.

Según figura en el auto, Abdeslam Lucena llegó a apercibir en junio de 2010 al solicitante con iniciar acciones legales por dañar el honor de la corporación, después de varias peticiones de información.

Finalmente, en febrero de 2011 y tras otra petición de información realizada esta vez por otro edil socialista sobre el proceso de selección seguido para contratar a siete trabajadores, el regidor citó al concejal de la oposición el 14 de febrero de ese año a las 14 horas para consultar la documentación requerida. La cita tuvo que ser aplazada en el último momento para el día siguiente, ante la ausencia del alcalde y la secretaria municipal, aunque la citación le fue entregada en mano a pocos minutos del cierre de las oficinas municipales, concretamente 15 minutos antes del plazo fijado para el estudio de la misma.

El auto en cuestión se encuentra recurrido por el alcalde, recurso que se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Audiencia, según Lucena. Asimismo está recurrido también por el exedil socialista, al dictar el juez el sobreseimiento provisional del presunto delito de prevaricación respecto a las contrataciones, aún cuando el titular del juzgado hace constar que «se aprecian irregularidades en la contratación de los mismos». Para el juez, los defectos apreciados en las contrataciones de los trabajadores deben ser apreciados y solventados en la jurisdicción contenciosa y no en la penal, razón por la que acuerda su sobreseimiento provisional.

Por otra parte, los grupos municipales en la oposición de PSOE, IU y PA insistieron ayer con relación a los resultados del último concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento que las plazas tenían de antemano «nombres y apellidos», y que las bases fueron diseñadas para consolidar los puestos de personas del entorno del equipo de gobierno que entraron estando gobernando el actual alcalde sin ningún proceso selectivo. «Al igual que el PSOE quisimos dejar constancia de que sabíamos para quienes eran las plazas e hicimos un acta notarial. Hemos adivinado los 15», dijo ayer el portavoz de IU, Manuel Vigo.

Aunque muchos vecinos del pueblo no se atreven a hablar para no señalarse, la opinión más generalizada es que el Ayuntamiento estableció en la convocatoria una serie de méritos para lograr que se hicieran con las plazas las personas que ya estaban dentro, «para que entren los suyos».