José Antonio Viera: El consejero de Empleo del convenio cuestionado

Los orígenes del caso de los ERE se remontan a la gestión de José Antonio Viera como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre los años 2000 y 2004, cuando coincidió con el personaje clave de este caso, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y también con el viceconsejero por entonces, Antonio Fernández, que idearon la fórmula para el pago de las ayudas. A Viera, ahora jubilado tras su última etapa como diputado socialista en el Congreso en la primera legislatura de Rajoy, el fiscal le pedía ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Profesor de instituto y exentrenador de fútbol, su aterrizaje en el PSOE en los años 80 le llevó pronto a ostentar cargos provinciales como delegado de Educación y Gobernación en Sevilla, para convertirse en 1996 delegado de la Junta también en Sevilla donde se topó con el desastre natural del vertido de la Mina de Aznalcóllar, emergencia que tuvo que gestionar desde ese puesto y cuyos frutos se vieron recompensados con su nombramiento como consejero de Empleo años después.

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Tras su paso en la Consejería de Empleo fue nombrado delegado del Gobierno estatal en Andalucía y poco después tomó las riendas del potente PSOE de Sevilla como secretario general, lo que le situaban en la primera línea del poder socialista por entonces. Posteriormente se marchó al Congreso como diputado donde vivió a distancia el surgimiento del escándalo y con el plus de su estatus de aforado, lo que no impidió que terminara salpicándole con su imputación por el Tribunal Supremo en 2015, lo que provocó un abrupto e inesperado final con su partido de toda la vida. El PSOE intentó apartarle como diputado y se encontró con el rechazo frontal de Viera, que se aferró a su acta y se quedó en el grupo mixto desafiando la decisión de su partido. Fue entonces cuando decidió decir adiós a 30 años de militancia socialista.

Durante el juicio defendió su inocencia y sobre todo la legalidad de sus decisiones y de toda su gestión en su etapa como consejero, argumentando que el modelo de transferencias de financiación elegido para abordar la concesión de las ayudas sociolaborales de la Junta para empresas en crisis se impulsó para conferir más agilidad y rapidez a su tramitación y dar así una respuesta eficaz a estos conflictos que suponían un drama para muchas personas. Además, negó siempre haber interferido y ni dado instrucciones sobre el destino final de estas ayudas, descargando toda la responsabilidad en su exdirector general de Trabajo y en el director del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA),órgano que autorizaba el pago de estas ayudas.

En su etapa como consejero y con otro de los grandes imputados en el caso, su viceconsejero de Empleo y presidente del IFA, Antonio Fernández, se creó el convenio que facilitaba a este organismo la concesión con más agilidad y discrecionalidad de las ayudas objeto de esta macrocausa. El fiscal subraya en su escrito de acusación que ese convenio nunca fue publicado en el BOJA.

Viera confesó también en la vista oral que Manuel Chaves le encomendó como consejero dar respuesta a los numerosos conflictos sociolaborales que sufría Andalucía en esa época, apuntando de esta manera hacia lo más alto en las responsabilidades políticas sobre este caso. No obstante, uno de los asuntos más comprometidos para Viera fue su conexión con El Pedroso, un municipio de la sierra norte sevillana que frecuentaba con asiduidad para ir a cazar y pueblo de exdirector general y principal encausado, Francisco Javier Guerrero. El Pedroso se convirtió en el epicentro del caso de los ERE por la concesión de un gran volumen de ayudas a la empresa cárnica Sierra Morena de esta localidad, regentaba por exsocialistas con los que Viera y Guerrero mantenía buenas relaciones. Una de las piezas de la macrocausa de los ERE investiga los más de 50 millones de euros repartidos a empresas de esta comarca.

José Antonio Viera ha sido condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día