El Defensor del Pueblo alerta del peligro de prostitución para los menores de las pateras

Maeztu admite que no hay cifras ni localización de estos niños y niñas de las pateras una vez que cumplen la mayoría de edad. Suelen irse con otros jóvenes a compartir piso, a centros de acogida de ONG y con familiares, los de mayor suerte. «En el peor de los casos, estos chicos terminan en las calles, mendigando o ejerciendo la prostitución para subsistir. Estos jóvenes entran en el bucle de la desesperación».

Maeztu critica por duras las exigencias de la Administración para pasar de ser un joven tutelado con permiso de residencia no lucrativa a uno con autorización para buscar trabajo. Para modificar esta circunstancia necesita que alguien le contrate por un mínimo de un año. ¿Quién encuentra un trabajo así?», se pregunta el Defensor. Como mucho, anota, hay jóvenes que tienen suerte de seguir siendo tutelados de alguna forma por las ONG que colaboran en los programas de acogida, pero esto solo dura un año más.

También hay quienes tienen más suerte aún y pueden seguir estudiando, como cuenta un joven de Mali que salió de su país con 15 años y tras trabajar duro en Argelia y Marruecos e intentar varias veces cruzar en una patera, al final lo consigue. Otro oriundo de Marruecos relata cómo tuvo que abandonar sus sueños de estudiar Psicología en la Universidad cuando debió dejar el centro tutelado sin terminar el bachillerato. «Espero que en un futuro no muy lejano pueda estudiar algo que me gusta, pero de momento me contento con el grado que estoy haciendo», cuenta.

El estudio del Defensor concluye que el de los menores extutelados es «uno de los colectivos más invisibles de la sociedad», a los que hay que darles una oportunidad. La Defensoría andaluza propone planes integrales para la inclusión de estos jóvenes en la vida del país. Jesús de Maeztu considera positivo que la Junta los incluya entre los benefactores de la renta mínima de inserción social.

La alerta sobre el destino de los extutelados cierra un informe en el que se pone sobre todo el acento en la preocupación por el incremento de los menores que llegan en pateras y la escasez de medios para atenderles. «El colapso que está sufriendo el sistema de asistencia a estos menores propicia carencias en las garantías de sus derechos básicos», señala el Defensor, quien insta a las autoridades europeas y españolas a tomar cartas en el asunto y dotar de medios y dinero a las comunidades autónomas, las que a la postre apechugan con la custodia y cuidado. «Un menor no tiene apellidos de extranjero o refugiado, en términos jurídicos es solo un menor», afirmó Maeztu para reclamar un protocolo de actuación en avalanchas como la producida este pasado año.

Las cifras apuntan a que se han batido todos los récord conocidos de nuevos ingresos. El pasado año fueron atendidos en Andalucía 3.306 menores inmigrantes no acompañados, frente a los 1.291 de 2016, cifras a las que hay que añadir el numero de menores extranjeros que ya están en los centros, la mayoría chicos. La suma eleva la cifra a 4.179 durante 2017.

Con fecha del 31 diciembre eran 1.309 los que se encontraban dentro del sistema de protección andaluza. Para Maeztu, «se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en su triple condición de menores, migrantes y no acompañados». «El número ha crecido y las previsiones apuntan a una futura llegada masiva», añade.